Segunda Parte

 

El resultado, ¿cambió el "modelo"?

 

Uno de los resultados más "palpables" de la caída de De la Rúa, según la mayoría de los analistas, de los políticos justicialistas y radicales, del progresismo y hasta de sectores de la izquierda, sería la caída del "modelo" que comenzó a instalarse con la dictadura militar de 1976 (o con Isabel Perón, un año antes). Ibarra, Moyano, Verbitski, Rodríguez Saa, Borón, Moreau y muchos otros, afirman que, con el fin de la Convertibilidad, se acabó el "modelo que nos llevó a la crisis y a la miseria". Algunos, como Ibarra, precisan que el discurso de Duhalde ante la Asamblea Legislativa en ocasión de su nombramiento como presidente, habría marcado el "fin del modelo". Otros (como la diputada Alicia Castro), en cambio, con una postura crítica al programa de Duhalde, han empezado a advertir públicamente que no existe, por ahora, tal cambio de "modelo".

La cuestión no se reduce a un mero debate semántico sobre el término "modelo". Es que  con el argumento del "cambio del modelo" los dirigentes burgueses, y varios oportunistas del "progresismo" están pidiendo una tregua y nuevos sacrificios a la clase obrera. Sostienen que el "modelo" que prevaleció hasta ahora favoreció a una pequeñísima minoría, conformada por los banqueros y las empresas privatizadas, en perjuicio de las inmensas mayorías populares y nacionales; que el levantamiento popular de diciembre le habría dado el tiro de gracia y la "victoria del pueblo" se traduciría ahora en una política diametralmente distinta a la anterior.

Lo primero que debe constatarse es que el discurso sobre "el cambio de modelo" se ha generalizado tanto que ya nadie sabe bien a qué se refiere. Por ejemplo, economistas neoliberales dicen que el de los noventa no fue "su modelo" porque no se terminó con el déficit fiscal; Duhalde decía que había que acabar con "el modelo" en su campaña electoral de 1999, aunque cuando viajaba al exterior prometía que no cambiaría lo fundamental de la política económica del menemismo; la UIA, que tuvo en Economía a Machinea aplicando el "modelo" y aplaudió el inicio de la segunda gestión de Cavallo, ahora despotrica contra el "modelo"; y hasta el mismísimo Cavallo dijo en su momento que quería cambiar el "modelo". Nos parece conveniente, por lo tanto, esclarecer cuál es nuestra posición sobre este asunto,  máxime porque desde la Liga hemos dicho muchas veces que existe una unidad de la clase dominante en torno a la forma de acumulación que se ha ido imponiendo en las últimas décadas, en Argentina y a nivel mundial.

Por "forma de acumulación" entendemos una serie de cambios en las relaciones capitalistas, que abarcan la relación entre el capital y el trabajo y las relaciones intra-capitalistas, a nivel nacional y mundial. Para desarrollar nuestro punto, presentamos un listado de los cambios que nos parecen más importantes, que se han producido a partir de los ochenta. 

 

Regímenes laborales:

En el período que va desde el fin de la Segunda Guerra a comienzos de los ochenta: los sindicatos jugaban un rol de negociación considerable; a la vez que disciplinaban a la fuerza laboral. Las regulaciones estatales hacían costoso para las patronales el despido. Los salarios tendían a indexarse según la inflación. Los convenios eran colectivos, abarcando a amplias franjas de trabajadores. Durante las fases alcistas del ciclo económico la clase obrera conseguía mejoras relativas, gracias a su poder de movilización y organización. A raíz de esto las diferencias de ingresos entre los asalariados y la clase capitalista se mantenían dentro de ciertos limites; existía un mercado de consumo masivo de bienes durables y viviendas en expansión (casas populares, automóvil para algunos sectores de la clase obrera).

Actualmente: los sindicatos han sido debilitados, después de una larga y persistente ofensiva patronal. El disciplinamiento de la fuerza laboral se opera a través de los ejércitos de desocupados y de la movilidad de los capitales (amenaza de trasladar las inversiones a otros países y/o importar desde países con menores costos laborales). Hay una constante presión por reducir los costos laborales vía deterioro del trabajo (esto es, inseguridad del puesto laboral). Durante las fases alcistas del ciclo económico se mantiene la presión y la ofensiva del capital sobre el trabajo (la apertura comercial y la flexibilización estructural de los regímenes laborales ayudan a esto). El ejemplo del último ciclo alcista de Estados Unidos, a lo largo de los noventa, es característico de esto. También lo es el crecimiento argentino de comienzos de los noventa, y el desarrollo chileno. La demanda de bienes de consumo se fracciona fuertemente, al acentuarse la desigualdad en la distribución del ingreso. Surge con fuerza, durante los ciclos alcistas, una demanda de bienes de lujo (casas y countries, automóviles costosos, etc.) sustentada en la plusvalía acrecentada que se apropia la clase dominante.   

 

Mercados y moneda

Hasta comienzos de los ochenta: eran comunes los intentos de controles de precios (incluso en Estados Unidos se intentó en los setenta; también en los países dependientes, en Inglaterra, etc.). Los regímenes monetarios tendían a la inflación; de manera que los aumentos de productividad se birlaban a los asalariados vía suba de precios (reptante o abierta). En caso de crisis se daba liquidez al sistema (esto se prolonga durante los setenta). De esta manera no operaba a fondo la constricción monetaria y del mercado (lo que generará estancamiento con inflación en los setenta). 

Actualmente: nadie habla de instalar controles de precios. El mercado determina los precios. Se impone la política de "moneda dura" (independencia de los Bancos Centrales, objetivo principal la estabilidad de la moneda). Aumenta la constricción monetaria. Durante las crisis la ley del valor actúa "a pleno", depurando los capitales improductivos y apurando la centralización de los que sobreviven. Las tensiones deflacionarias, unidas a los ejércitos de desocupados, aumentan la presión sobre los asalariados; las políticas de inyección monetaria sólo se instrumentan para detener espirales deflacionarias peligrosas.

 

Estado y mercado

Hasta comienzos de los ochenta: buena parte de la producción estaba en manos de empresas estatales y, lo más importante, hasta cierto punto estas se sustraían de la disciplina del mercado.

Actualmente: las privatizaciones han sido masivas; y las empresas que siguen bajo dirección estatal (caso Telefónica) se someten a los imperativos de la valorización del capital en general y del mercado. Los trabajadores estatales tienden a ser sometidos a las mismas normas que los del sector privado; en las reparticiones del estado se busca imponer los criterios de valorización, de "eficiencia".

 

Régimen fiscal

Hasta comienzos de los ochenta: elevados gastos públicos en servicios sociales (salud y educación pública, pensiones, jubilaciones). Durante las fases recesivas se aplicaban políticas fiscales de gasto, procurando atemperar la desocupación. Los déficits fiscales tendían a financiarse con emisión monetaria, con consecuencias inflacionarias. Esta situación entorpecía la acción de la ley del valor.

Actualmente: todas las fracciones del capital adoptan y exigen que se aplique el programa de reducción del gasto y eliminación del déficit (Maastricht, superávits fiscales en Estados Unidos y otros varios países). Aun en las recesiones se tiende a rechazar las políticas fiscales activas (experiencias recientes en Estados Unidos y Europa). La financiación de los déficits se hace principalmente mediante la emisión de deuda, lo que aumenta las constricciones monetarias y del mercado sobre el gasto público. Se desarrolla un ataque en toda la línea contra los empleados públicos y los gastos sociales.

 

Mercados financieros

Hasta comienzos de los ochenta: tasas de interés controladas, propiedad estatal de los bancos, control del crédito y de los movimientos de capitales por los Estados. Escasa incidencia de fondos de pensión e inversión, mercados de capitales poco desarrollados. No existía una presión permanente del capital dinero sobre la política diaria.

Actualmente: tasas de interés libres, privatización de los bancos, plena libertad para las actividades financieras y los movimientos de capitales. Fuerte incidencia de los grandes fondos de pensión, inversión, banca, en la política cotidiana a partir del peso que adquieren las deudas privadas y públicas, y los flujos dinerarios para sostener la acumulación del capital, así como el financiamiento de los Estados.

 

Inserción en los mercados mundiales

Hasta comienzos de los ochenta: elevado proteccionismo aduanero. Economías preferentemente "nacional centradas". No existía integración internacional de industrias. Mercados internos protegidos, relativa autonomía de los espacios nacionales como espacios de valor "local". Control a la entrada y salida de capitales. Las crisis en los países del centro tenían efectos mediados y retardados sobre la mayoría de los países dependientes (algo que se ve bien en los setenta). Tipos de cambio fijos, sólo variables con acuerdos del FMI en circunstancias especiales.  

Actualmente: aperturas comerciales, de manera que la competencia internacional se hace sentir de una manera cualitativamente superior a todo lo anterior (esto es, la presión del mercado mundial es mayor incluso de lo que indica la participación del comercio exterior en el PBI). Economías que necesitan imperiosamente insertarse en los mercados mundiales de manera competitiva. Integración internacional de industrias. Libertad plena a la entrada y salida de capitales. Las crisis internacionales impactan casi sin mediación en la mayoría de los países (lo que refuerza la sujeción de las políticas de acumulación a nivel local a los dictados de la ley del valor mundial). Tipos de cambio flotantes en la mayoría de los países, aunque con tendencia a la formación de algunos grandes bloques monetarios (Europa; lo que elimina el uso de herramientas monetarias por esos países) y algunos que dolarizan.

 

Por supuesto, por debajo de este "paraguas" de transformaciones se admiten muchos cambios e incluso disensiones serias entre las fracciones de las clases dominantes de los diversos países, así como entre sus voceros. Las aperturas económicas pueden ser mayores o menores; los regímenes cambiarios de los países atrasados pueden ser de flotación sucia, o pueden intentarse tipos de cambio fijo con ajustes periódicos; en algunos casos particulares se aplicó una caja de conversión, como en Argentina, o dolarización, como en Ecuador. En definitiva, no se trata de un esquema rígido, sino de una especie de "matriz", de centro de gravedad hacia la cual tienden las políticas económicas de los gobiernos, y que reclama el capital "en general"; es a partir de este acuerdo que se desarrollan las luchas de las distintas fracciones del capital. 

El caso de Chile ilustra la idea que estamos desarrollando. El "modelo" chileno ha sido alabado y tomado como punto de referencia y ejemplo a seguir por dirigentes políticos argentinos, por Cámaras empresarias, por equipos de economistas "ortodoxos" (como la Fundación Capital) y hasta  por sectores del "progresismo" (el ARI defiende la política del gobierno de la Concertación; economistas de CTA ponían hasta hace poco tiempo la política del gobierno chileno como ejemplo a imitar). Chile también es el "modelo" que tiene en mente la actual cabeza del Estado. En un reciente reportaje concedido al diario La Nación, Duhalde ha dicho que es un "defensor de las reformas que se hicieron [en Argentina] hasta 1996" y agregó: "vengo defendiendo desde 1987 el modelo chileno" (13/12/01). Es toda una definición. Obsérvese que si bien Chile nunca adoptó un régimen de Convertibilidad para su moneda, como hizo Argentina, eso no cambia lo esencial: la tasa de explotación en Chile sobre el trabajo es elevadísima, la flexibilización laboral y el disciplinamiento por medio del mercado se han impuesto de manera despiadada (a partir de la derrota infligida a la clase obrera por la dictadura militar); los gastos sociales por parte del Estado se mantienen muy reducidos en relación a lo que fue el gobierno de Allende (por ejemplo, las universidades públicas están aranceladas). Estos niveles de explotación son la base que garantizan la inserción relativamente exitosa de una economía atrasada y dependiente como la chilena en el mercado mundial. Es interesante observar además que Chile está embarcado en nuevos programas de reducción de los aranceles de importación (pretende llegar al 6% en 2003) y que, dado el carácter abierto de su economía, no quiso entrar al Mercosur, cuyo arancel común es del 14%. Con Convertibilidad o sin ella la clase capitalista argentina apuesta a esta forma de acumulación, que se ha ido generalizando en muchas partes.

 

De la Convertibilidad a la devaluación no hay cambio de modelo

 

La Convertibilidad fue funcional a los intereses de la burguesía argentina -y hasta hace pocas semanas la mayoría de la clase dominante, y buena parte de la población seguían defendiéndola- en la medida en que impuso el disciplinamiento de una moneda fuerte, del mercado y la ley del valor, frente al desbarajuste a que había llegado la economía con la hiperinflación. Pero hay que recordar que a comienzos de la Convertibilidad muchos "ortodoxos" neoliberales del exterior la cuestionaban (entre ellos, el FMI no manifestaba demasiado entusiasmo) porque entendían que era conveniente que el tipo de cambio se determinara por las fuerzas del mercado. Dicho de otro modo, la Convertibilidad fue siempre una herramienta táctica; hace varios meses decíamos que la burguesía argentina estaba intentando recuperar el tipo de cambio real (deteriorado por la suba del dólar y la devaluación del real) a través de una deflación de precios; que esta deflación provocaría enormes tensiones sociales, y que en caso de que la espiral de endeudamiento y la crisis se agudizaran, no podía descartarse un estallido de la Convertibilidad y una salida "a lo Indonesia", con un ajuste del valor de la fuerza de trabajo vía devaluación-inflación [1]. En escritos posteriores alertamos que la salida devaluatoria, que pedían Moyano y algunos economistas, era una forma de bajar los salarios en términos de dólares, y que por eso economistas de derecha extranjeros -como Dornbusch- y un sector del FMI, también propiciaban la devaluación del peso. Pues bien, ni el breve interregno de Rodríguez Saa, ni el plan económico que está esbozando el gobierno de Duhalde, representan un cambio en profundidad del "modelo". No lo es la salida de la Convertibilidad, ni tampoco lo es la suspensión del pago de la deuda externa.

Lo fundamental a retener es que la devaluación, y la inflación que le acompaña, representan una baja del salario en términos reales. Aquí no hay "shock redistributivo", como preconizaban los Duhalde, los Moreau o los frepasistas críticos de De la Rúa. No existe el menor viraje hacia un keynesianismo redistributivo. Es cierto que se darán seguros de desempleo a unas 800.000 personas de unos $200, como parte de los paliativos con que se quieren evitar más piquetes y explosiones sociales. Pero esto es apenas una gota, que tiene como contrapartida, insistimos, la caída del salario.

Desde el gobierno se dice que la devaluación no se trasladará íntegramente a precios, y que dada la recesión la inflación rondará el 8%. Supongamos, en aras de la argumentación, que sucede de esta manera; esto es, que no se produce el tan temido desborde de los precios (aunque las remarcaciones estos días ya apuntan a que haya una tasa de inflación anual muy superior al 8% que proyectaría el Presupuesto). En ese caso, los salarios reales sufrirían una baja del 8%, que se suma a la caída que se ha venido produciendo por vía deflacionaria a lo largo de la crisis; el gobierno no contempla siquiera la devolución del 13% a los estatales. La clase dominante es consciente de los efectos "estabilizadores" que tiene la desocupación; con todo cinismo, de Mendiguren señaló que no hay peligro de presiones inflacionarias porque el 40% de la población activa tiene problemas de empleo. En definitiva, el disciplinamiento salarial por vía de la desocupación sigue en pie.

 

El "frente con la producción" y los controles estatales

 

Uno de los argumentos favoritos para hablar del cambio del "modelo" sostiene que el gobierno, con el apoyo del radicalismo y del Frepaso, ha decidido hacer un frente "con la producción", y enfrentar a la banca y a los intereses de las grandes empresas privatizadas. Algunos izquierdistas y "progres" han dado un apoyo indirecto a este argumento, apoyando al gobierno "en esta pelea por los intereses del país" y convocando incluso a algún cacerolazo internacional contra las empresas españolas, a las que identifican como "las que saquearon al pueblo argentino".

Dejando de lado el hecho que este discurso "olvida" todo lo que explotó y transfirió al exterior la misma clase dominante argentina, lo central es no perder de vista que si bien de este conflicto puede resultar una baja de las ganancias de las privatizadas, ningún sector de la burguesía está planteando re-estatizar las empresas y volver a poner en manos del Estado la producción de petróleo o de teléfonos [2]. En lo que respecta a las tarifas públicas, el intento es que las empresas resignen una parte de las ganancias. Hay que tener en cuenta que las empresas públicas privatizadas han estado hasta ahora protegidas de los efectos más graves de la crisis, dado el carácter relativamente inelástico de la demanda de la mayor parte de los servicios, y dada la indexación de precios que se ha venido produciendo según el índice de precios de Estados Unidos [3]. Pero incluso el gobierno está dispuesto a negociar y acordar una salida lo menos dolorosa posible para las ganancias de las empresas, que presionan con frenar sus inversiones en el país o incluso con recurrir a tribunales internacionales.

En lo que respecta al impuesto que se establecería sobre la exportación de hidrocarburos, iría a compensar al sistema bancario por las pérdidas que le provoca la caída de los créditos en dólares; en este caso se trata claramente de una transferencia de plusvalor (esto es, de valor que proviene de la caída de los salarios en términos de dólar) entre distintas fracciones del capital.

De conjunto, estas transferencias que se están intentando -y que por el momento son objeto de fuertes presiones entre los grupos y fracciones del capital- demuestran que tampoco se puede hablar de una alineación clara entre el "capital productivo" versus el "capital bancario", como pretende la propaganda del gobierno. Por empezar, porque las petroleras, las telefónicas o las empresas de agua y energía son tan "productivas" como las siderúrgicas o las textiles. En segundo término, porque el gobierno también intenta salvar a los bancos de la difícil situación en que se encuentran, especialmente los estatales.

Tampoco se puede decir que la devaluación favorezca estrictamente a los sectores exportadores. Por ejemplo, empresas automotrices o siderúrgicas tienen un alto componente de insumos importados, de manera que el efecto neto de la devaluación para muchas de ellas está bastante atenuado; además, muchas empresas exportadoras están endeudadas en dólares con el exterior, y esto no es renegociable fácilmente. Con el agro sucede algo similar; por eso la Sociedad Rural y otras asociaciones empresarias hasta último momento defendieron la Convertibilidad. Digamos también al pasar, que esta defensa de la Convertibilidad y del "modelo" por parte de los agrarios encaja muy mal en la explicación "sector financiero y privatizadas únicas beneficiadas con la Convertibilidad" versus "sector productivo enemigo del "modelo". Los intereses están mucho más intrincados de lo que dice este análisis tan simplista como extendido.

Sí parecería favorecerse abiertamente un sector de la industria argentina, que estuvo muy perjudicada por la entrada de productos brasileños, en especial después de la devaluación del real en 1998; de Mendiguren representaría a esta fracción. Pero no se puede generalizar al conjunto de la burguesía dominante, para la cual la salida de la Convertibilidad terminó siendo más un mal necesario que una estrategia deliberada (hasta pocas semanas antes de su caída, la mayoría del empresariado todavía apoyaba a Cavallo y abogaba por la continuidad de la Convertibilidad).

Por otra parte, algunos han insinuado que existe una ruptura de fondo con el "modelo" porque el gobierno ha amenazado con implantar algunos controles y topes a la suba de precios, y ha pedido facultades extraordinarias para establecer el tipo de cambio. En algunos artículos neoliberales se ha considerado que, unido al mantenimiento del "corralito", se evidencia un intento de volver al "dirigismo estatista de los setenta".

Sin embargo el ministro de Economía se ha preocupado de aclarar una y otra vez que los controles serán provisorios y que se intentará volver a la plena libertad de mercados (que incluiría la flotación de la moneda) lo antes posible. Economistas neoliberales como Ferreres o Roque Fernández admitieron que por un tiempo pueden ser necesarios controles para una salida más o menos ordenada de la Convertibilidad; es que existen  infinidad de conflictos abiertos, de contratos que deben renegociarse, en medio de tensiones y luchas distributivas desatadas entre fracciones de la burguesía. Ese dirigismo liviano no cuestiona en esencia la estrategia de acumulación que intenta la burguesía; es de notar que hasta cierto punto Cavallo ya venía aplicando recetas "heterodoxas", como los planes de competitividad, la utilización de dinero de las AFJP para el pago de la deuda, la imposición de un tope a las tasas que pagaban los bancos por los depósitos, sin que por ello se pudiera afirmar que cambiaba "el modelo" (entendido éste como la estrategia de acumulación principal a la que hicimos referencia). 

Tampoco el otorgamiento de subsidios a los desocupados implicaría un cambio drástico; los mismos organismos financieros internacionales venían insistiendo en la necesidad de que el Estado implementara alguna forma de red social, para prevenir estallidos.

Otro aspecto que pone en evidencia el deseo de "ortodoxia" del nuevo gobierno es el presupuesto que se está proyectando al momento de escribir este trabajo; el recorte sería incluso mayor que el que había propuesto el "populista" Rodríguez Saa, que contemplaba un gasto de 37.000 millones; que a su vez era menor que los 38.000 millones del presupuesto de Cavallo. Por otra parte, en el Estado se están produciendo cientos de despidos mediante la no renovación de contratos; las rebajas salariales instrumentadas por De la Rúa y Cavallo seguirán vigentes; todo indica que no se continuará con el incentivo docente... ¿de qué cambio de modelo se puede hablar a la vista de estos datos objetivos?

Incluso en el terreno ideológico la mayoría de los economistas del "sistema" no se distancian de manera radical. Por supuesto, hay diferencias entre los economistas del CEMA, de la Mediterránea o de FIEL, por un lado, y Remes Lenicov o Machinea, por el otro, pero ninguna de ellas es de ruptura. Todos se mueven dentro de unos marcos comunes; todos saben que "debe" ajustarse el gasto, que "no debe" volverse a convenios laborales como los de 1975, que la apertura de la economía no puede cuestionarse en lo esencial. Tal vez sea ilustrativa la declaración del radical progresista Jesús Rodríguez, quien afirmó por estos días que "necesitamos un presupuesto equilibrado, sin facilismos ni populismo". Una declaración que suscribiría perfectamente un López Murphy.

 

La suspensión del pago de la deuda externa

 

La medida tomada por Rodríguez Saa de dejar de pagar la deuda externa, y lo que sucedió a posteriori también es indicativo de los límites que tienen, por ahora, las "salidas del modelo" de la clase dominante. Recordemos que este anuncio -junto a algunas promesas demagógicas, como que iba a crear un millón de puestos de trabajo en un mes, o que enviaría a los militares con pedido de captura al extranjero- llevó a sectores de la izquierda a manifestar expectativa por Rodríguez Saa, y hasta cierto apoyo (la corriente maoista, Madres de Plaza de Mayo línea Bonafini). Pero estas esperanzas no tenían fundamento alguno en la realidad. En el tema de la deuda hay que partir de que en los últimos tiempos se ha dado un cambio en la estrategia de Washington. Es que la administración Bush plantea que los organismos de crédito del imperialismo (FMI, en especial) no deben seguir refinanciando deudas que crecen en espiral, a tasas exorbitantes, y que las pérdidas deben ser asumidas, al menos parcialmente, por los acreedores. Se plantea que ante un endeudamiento inmanejable debe permitirse que los países se declaren en default, para dar lugar a una recomposición de los pagos (puede ser con períodos de gracia, o quitas en capital o intereses). Esto es, no ahogar la posibilidad de generación de plusvalía, y su transferencia al exterior, aunque los acreedores sufran una cierta reducción en los ingresos. Por eso Washington ya le había impuesto a Cavallo, como una condición para que Argentina retomara las negociaciones con el FMI, que reconociera abiertamente el default. El FMI alentó esta salida y por eso se opuso a seguir refinanciando la deuda. De manera que la suspensión de los pagos por parte de Rodríguez Saa no tuvo nada de "revolucionario", como se lo quiso presentar. Claramente Duhalde se ha comprometido a reiniciar lo antes posible las negociaciones con el FMI. Es indudable que la renegociación de la deuda se hará sobre la base de un plan económico de reducción del déficit fiscal -continúa vigente la meta del déficit cero, aunque se postergue un tiempo su instrumentación, para ganar tiempo- y de continua "adecuación de las condiciones laborales a las exigencias de la competencia internacional", como gustan decir los economistas del sistema. Pero además la suspensión de los pagos fue parcial, porque continuaron los pagos a los tenedores locales de títulos (el 28 de diciembre de 2001 se pagaron 480 millones de dólares por un vencimiento de Letes), y a los organismos internacionales (FMI, BM). En realidad la suspensión del pago de la deuda afecta sólo a los tenedores extranjeros de bonos argentinos.

Desde el punto de las demandas políticas el cese parcial de los pagos de la deuda externa también demuestra lo equivocado de la concepción de buena parte de la izquierda (MST, PC, Zamora) que desde hace años está dirigiendo esta demanda a los sucesivos gobiernos burgueses, en la creencia de que puede haber un repudio de la deuda por parte de la burguesía con consecuencias beneficiosas para el pueblo argentino. Muchas veces hemos explicado que dada la imbricación de la burguesía nativa con los organismos financieros internacionales, y su compromiso con la deuda, es absurdo esperar que el no pago de la deuda tenga un sentido progresista si es instrumentado por esa misma burguesía. La experiencia reciente confirma estas prevenciones; hoy, en parte la crisis de los bancos se debe a que entre sus activos figuran títulos de la deuda que se desvalorizaron a medida que se acercaba la hora del default; algo similar ocurre con las AFJP, lo que explica la preocupación del gobierno por mantener estos pagos. Es de notar, además, que la solución "progresista" del ARI, consistente en pesificar la deuda interna, implica que se devuelvan los ahorros de los futuros jubilados en pesos devaluados.

Por otro lado, la suspensión del pago de la deuda fue acompañada del corte del crédito externo, lo que frenó incluso las operaciones de exportación e importación. De ahí que la propia burguesía "industrialista" esté interesada en que el gobierno restablezca lo antes posible las negociaciones con el FMI y los acreedores. Todo esto confirma, una vez más, que la consigna del no pago de la deuda externa debe ir acompañada de toda otra serie de medidas, que sólo un gobierno revolucionario de los trabajadores podrá tomar en profundidad.

 

Gobierno de unidad nacional y perspectivas de más crisis

 

El plan económico con que se intenta salir de la crisis -en el mejor de los casos, recién en el segundo semestre podría haber un cierto repunte de la economía, y a costa de inmensos sacrificios para las masas- se está llevando adelante por un embrión de gobierno de unidad nacional. Por las razones que explicamos en la primera parte de este trabajo, dedicado al levantamiento popular contra De la Rúa, las masas no pudieron generar una alternativa a la política de la burguesía. La profundidad de las divisiones internas del peronismo dieron como resultado el intento abortivo de ir a elecciones con un gobierno interino, surgido del peronismo del interior, que rápidamente se quedó sin sustento del establishment económico (asustado, entre otras cosas, con las veleidades populistas y demagógicas de Rodríguez Saa), de la clase media de la Capital (que rechazó la vuelta de conocidos personajes ligados a lo peor de la corrupción) y también del peronismo (que veía con suma preocupación que Rodríguez Saa no quisiera cumplir con lo pactado, llamar a elecciones). Hay que subrayar que desde un primer momento la alta burguesía y sus personeros más conscientes estuvieron en contra del llamado a elecciones, con el argumento que hacía falta un gobierno con la suficiente fuerza como para tomar medidas rápidas, ante la gravedad de la crisis. Es que en estos momentos prácticamente hay una cesación de pagos generalizada, la recaudación fiscal ha caído entre el 40 y el 50%, los niveles de actividad siguen por el piso -se descuenta que en el mejor de los casos habría una caída del PBI del 3% en el año- y el peligro de nuevos estallidos sociales explosivos está latente.

En estas condiciones absolutamente críticas es que se hace cargo del gobierno el aparato político más fuerte del país, el justicialismo de la provincia de Buenos Aires (la composición del gabinete es casi exclusivamente duhaldista, en lo que atañe al componente peronista). A esto se suma la convergencia con el radicalismo y el Frepaso: participación de radicales y frepasistas en el gabinete, apoyo en las cámaras legislativas, participación de economistas radicales en la redacción del presupuesto, indican la voluntad de avanzar en la unidad burguesa, con cierto consenso de los sectores desplazados del peronismo de las provincias chicas, de De la Sota y Reuteman. Si bien Menem criticó duramente al Gobierno y la devaluación, su economista, Roque Fernández, no le puso objeciones de fondo, y otros menemistas tomaron cierta distancia de su jefe.

Se intenta así sumar fuerzas políticas para avanzar en los ajustes presupuestarios y resistir las protestas -el no pago de salarios en municipios y gobernaciones, y el conflicto con los ahorristas y los deudores no "pesificados" son ahora los conflictos más agudos- con una mezcla de paliativos, cuando sea posible (caso subsidios de desempleo) y represión o ahogo con los aparatos (movilización de punteros y personal adicto, reconstituir las manzaneras). A pesar de las disputas en curso, la alta burguesía apoyaría por ahora este intento; en las próximas semanas se presentaría un plan económico al FMI, y se pediría el envío de fondos para apuntalar al gobierno. El más reciente anuncio del llamado a un diálogo, con el apoyo de la alta jerarquía de la Iglesia, y de las Naciones Unidas, evidencian la preocupación por apuntalar con todos los medios disponibles este embrión de unidad nacional. Paralelamente se intentará cooptar a ONG y otros organismos, a fin de intentar canalizar en una dirección burguesa el descontento con "los políticos corruptos", y a favor de una reforma del Estado.

De esta manera se apunta a una nueva coalición de gobierno, en la que los sectores que hasta ayer aparecían como los "anti-modelo", esto es, los que más desconfianza despertaban en la alta burguesía, se postulan como garantes de sus intereses de conjunto. A pesar de las disputas y fraccionamientos interburgueses señalados, por ahora los capitales más concentrados no tienen una mejor alternativa viable; de ahí que la estrategia sea acompañar, presionando para que el gobierno siga adelante con la austeridad fiscal, para que instrumente la reforma del Estado y otras medidas (como la reforma impositiva) que el capital viene exigiendo desde hace tiempo. En cuanto a las disputas en el peronismo, con la excepción del ataque de Menem, el resto pondría durante algún tiempo las diferencias en sordina. Aunque indudablemente la pelea por el reparto de los escasos fondos públicos (vitales para mantener los aparatos provinciales) puede reavivar las contradicciones en un plazo más o menos inmediato. 

Se está intentando conformar entonces un nuevo bloque en el poder, en torno al peronismo de Buenos Aires, el apoyo de radicales y frepasistas, de los industriales más ligados al mercado interno y algunos grandes exportadores y una fracción de la burocracia sindical (Daer). Esto en el marco que cada una de las fracciones burguesas continuarían presionando por medidas específicas que las ponga a resguardo, en lo posible, de la desvalorización de los capitales que inevitablemente ocasiona la depresión económica.

Por supuesto, ninguna de las contradicciones económicas y sociales graves que llevaron al estallido contra De la Rúa está resuelta. La ofensiva sobre la clase obrera continúa, al punto que ahora las luchas ya son por cobrar lo que adeudan las patronales y el Estado; los desocupados, pasado el "veranito" de las promesas de Rodríguez Saa, se ven obligados a salir de nuevo a la lucha; los ahorristas continuarán protestando contra los bancos y los políticos "que nos robaron nuestra riqueza". Los endeudados y los ahorristas no cesan sus movilizaciones, exigiendo soluciones que el sistema no les puede dar.

Es necesario enfatizar que la perspectiva económica inmediata es de profundización de la crisis. Tanto la inversión como el consumo de bienes durables están hundidos, y no hay posibilidades de una pronta recuperación. La crisis del sistema financiero ha eliminado por ahora el crédito, incluso el destinado al giro del capital de trabajo de las empresas. Las constricciones del Banco Central al movimiento de fondos, si bien obligó a cierta liquidación de dólares (amortiguando la suba del dólar en el mercado libre), ponen más frenos a la producción. La fuga de depósitos, a lo que se suma una inmensa cantidad de créditos crecientemente incobrables (en la medida en que se profundiza la depresión económica, los deudores no pueden devolver el dinero que tomaron prestado), han puesto al sistema bancario al borde del precipicio. Los préstamos no pesificados son por unos 37.000 millones de dólares, buena de los cuales pasarían a ser incobrables; los bancos tienen otros 33.000 millones de dólares en préstamos al Estado, que también son de recuperación más que difícil. En estas condiciones, las promesas de Duhalde de devolver los ahorros en dólares a los depositantes, no tienen ningún asidero real.

Es cierto que la devaluación favorece, en principio, las exportaciones, pero ya hemos señalado que los efectos son mediados, dado el alto endeudamiento en dólares de empresas, así como la dependencia de insumos importados; además hay que tener en cuenta que las exportaciones representan menos del 10% del PBI, de manera que tampoco pueden tener un efecto de arrastre notable sobre la economía de conjunto. Por otro lado, el peso de la deuda pública, por efectos de la devaluación, pasó de representar el 53% del PBI, a representar el 76%; la deuda privada en dólares con el sistema financiero y el exterior pasó del 32% al 45% del PBI. De una situación como ésta no se sale si no es con masivas desvalorizaciones del capital. Las disputas entre fracciones del capital (entre otras, ahora está en discusión la ley de quiebras, que puede favorecer a algunos sectores en detrimento de otros), las manifestaciones de buena parte de la mediana y pequeña burguesía, giran en torno a la cuestión vital de quiénes van a llevar la peor parte, quiénes soportarán las mayores pérdidas en la inevitable desvalorización de capitales que acarrea la crisis.  

 

La orientación política

 

La actual situación está marcada entonces por una profunda desorientación en las bases obreras, mucha indignación y bronca en las clases medias, arruinadas por la crisis, pero sin otra alternativa por ahora que consentir que alguno de los grandes partidos burgueses se hagan cargo del gobierno; y la burguesía apoyando, a pesar de sus contradicciones internas, un intento de unidad política burguesa a nivel de la máxima conducción del estado.

En este cuadro una de las actividades más importantes de los marxistas es combatir toda confianza que puedan depositar sectores de la clase obrera y de la población oprimida en el nuevo gobierno. Hay que tener en cuenta que la propaganda oficialista, que presenta a Duhalde como un gobierno enfrentado a los banqueros, al FMI y a las empresas privatizadas, puede influenciar a sectores. El apoyo al Gobierno de la CGT de Daer y las relativas expectativas de Moyano, también son altamente perjudiciales para articular la resistencia. Es notable que ningún dirigente de la CGT haya hecho algo en defensa de los salarios obreros que se están reduciendo vía la devaluación e inflación (sacaron un leve comunicado de compromiso, para no hacer nada en la práctica). La CTA, la central más izquierdista del movimiento gremial, se ha entrevistado con Duhalde para proponerle que convoque a una consulta popular "para legitimar las decisiones que el Gobierno tome en materia económica". Esto equivaldría a legitimar las bajas salariales y el ajuste fiscal. En consonancia con esta propuesta, la CTA ha puesto el acento en el seguro de empleo -reivindicación que de alguna manera queda "absorbida" por los planes que está instrumentando Chiche Duhalde- pasando por alto la denuncia de la baja del salario que se ha operado por medio de la devaluación. Hay que destacar que esta posición de la CTA conecta con sus análisis sobre que la contradicción principal del país pasa por el enfrentamiento entre los banqueros y los grupos económicos, por un lado, contra el "frente de la producción", conformado por todas las clases "nacionales". Este análisis pavimenta el camino para la conciliación de clases y el apoyo a un gobierno de "unidad nacional" como el actual. Las declaraciones de De Gennaro, luego de la entrevista con Duhalde, diciendo que estaba "impactado" con el nuevo presidente, resumen en buena medida la posición de esta central, y están en línea con su respaldo, en 1999, a la Alianza.

Por lo tanto, la denuncia del nuevo gobierno, y la crítica al rol que una vez más están cumpliendo los dirigentes sindicales, es clave para luchar por la independencia de clase, por la organización del activismo con un programa claro. Es necesario comprender que en las bases obreras existe mucha confusión, desorientación y hasta temor por las consecuencias de la depresión económica y la desocupación. Como ya dijimos, en estas condiciones el llamado a formar soviets, que hace la izquierda, es un disparate. Las tareas que se desprenden de la actual coyuntura serían:

a)      avanzar todo lo posible en la organización del activismo, en la resistencia. Explicar que se está produciendo una baja generalizada del salario vía devaluación - inflación; que el "modelo" sigue vigente en un sentido profundo; que los recortes de salarios y los ataques a la clase obrera se continúan. Que es suicida poner el más mínimo grado de confianza en el gobierno de Duhalde. Explicar y denunciar el rol de la burocracia sindical. Plantear un debate sobre los resultados a que llevó la estrategia de Moyano (que tanto preconizó la devaluación); de CTA y su voto popular contra la pobreza (es necesario replantear el balance). Luchar por la extensión y profundización de toda pequeña concesión, tal como el seguro de desempleo. Insistir en la necesidad de la independencia de clase, en organizar todas las formas de resistencia a la ofensiva del capital que continúa; no entrar en ninguna provocación, ser conscientes de que ahora se enfrenta a un gobierno que en principio está más sólido (a pesar de toda su debilidad) que el final del gobierno de la Alianza 

b)      poner el acento en la necesidad de que la clase obrera tenga una alternativa de clase, independiente; discutir la necesidad de que el movimiento obrero articule un programa obrero, de medidas necesarias como el no pago de la deuda externa, el reparto de las horas de trabajo, la canalización de fondos privados hacia obras e inversión pública, la nacionalización de la banca; en el marco de un programa revolucionario, instrumentado por un gobierno de los trabajadores

c)      insistir en la necesidad de organizar al activismo, en avanzar en la preparación política, en la claridad, haciendo un balance de lo que ha sucedido. Tenemos que recordar a los compañeros que una vez más se dio que el pueblo pusiera los muertos en el combate y la burguesía la política; que esto se debe a que la clase obrera no tenía un programa y una organización independiente; que era la única que podía establecer una alianza con hegemonía y salida para las clases medias, desesperadas y acorraladas por la crisis. Que la caída de De la Rúa ha demostrado entonces la potencialidad de la movilización, pero también su debilidad. Que es necesario que este balance no se pierda; más aún, es necesario que dentro de un año o dos se vuelva sobre lo que se ha dicho por estos días, se rediscutan los balances, se evalúen las caracterizaciones y las tareas planteadas. Esta es la única forma en que se empiece a hacer un balance en positivo, a sacar enseñanzas profundas, con vistas a la formación de una vanguardia revolucionaria

d)      por último, es necesario plantear, aunque sea en forma propagandística, que todo esto está mostrando una vez más la necesidad de luchar por la formación de un partido marxista de la clase obrera, dotado de un análisis, de una estrategia, de una táctica asentadas en el materialismo histórico y la teoría de la plusvalía. Es necesario iniciar este debate con la vanguardia, en crítica abierta al espontaneismo que, una vez más, ha puesto en evidencia sus límites insalvables.  

                                                                                         

                                                                                   LIGA COMUNISTA

                                                                                     19 de enero de 2002

 

 

 

 

 



[1] Ver "Crisis y estrategia de acumulación en Argentina" en Debate Marxista N°2, 2001; artículo aparecido también en el suplemento de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Página 12.

[2] La tendencia mundial a la privatización de empresas estatales sigue prevaleciendo. The Wall Street Journal (edición suplemento en castellano 15/01/02) informa que se espera para el futuro inmediato una nueva ola de privatizaciones masivas en China, Hong Kong, Corea, Indonesia, Filipinas.

[3] Con una base 100 en 1994, el conjunto de los servicios públicos aumentó las tarifas a poco menos de 150, mientras que los precios de los bienes en el mismo lapso cayeron a 96, y los servicios privados subieron sólo a 105. Con respecto a las ganancias, aun en un año de crisis como el 2001 las operaciones de las empresas españolas en Argentina tuvieron una participación en las ganancias operativas totales de las mismas superior (con excepción de Repsol, que fue igual) al porcentaje total de activos poseídos en el país. Por ejemplo, Telefónica Argentina representa el 11% del total de activos de la empresa, pero las ganancias representaron el 16% del total de las ganancias operativas. Para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, los porcentajes respectivos son del 6 y 10%; para el Santander Central Hispano, del 5 y 10%; para Endesa, del 2,5 y 9,2%; para Gas Natural, del 10 y 12% (fuente Wall Street Journal, 14/01/02, edición suplemento en castellano)