EL PROGRAMA ECONOMICO

PROPUESTO POR CTA

Un análisis crítico desde el marxismo

 

 

En los últimos tiempos los dirigentes de la CTA han puesto a discusión su propuesta de programa económico y social frente a la crisis. Indu­dablemente, la cuestión tiene mucha importancia para el movimiento obrero y la izquierda. Casi invariablemente, criticamos el ajuste y la flexibilización laboral,  somos confrontados con la pregunta-desafío de «¿ustedes qué alternativa tienen?» Por otra parte, la cuestión del programa y la alternativa global que se postula incide en las estrategias y en las medidas de acción.

     Si bien en este artículo vamos a discutir la propuesta de la CTA, muchas de las críticas que formulamos se aplican -con las adecuaciones lógicas- a otros programas y enfoques que se barajan en el movimiento sindical y en la izquierda. 

     Nuestro trabajo arranca del análisis de la CTA, mostrando su continuidad con los análisis que fueron tradicionales en el movimiento obrero y buena parte de la izquierda argentina, y analizando sus consecuencias en el planteamiento del anta­gonismo del conflicto central, en términos de «minoría privile­giada versus mayorías nacio­nales» Con esta base, discutiremos las medidas propuestas en concreto, a la luz de la teoría marxista sobre la acumulación y las crisis. Nuestra conclusión fundamental en esta parte es que no debiera ser responsabilidad ni tarea del movimiento obrero proponer progra­mas para el buen funcionamiento del sistema capitalista. Y que esta postura de ninguna manera anula la necesidad de luchar por arrancar mejoras o defender las conquistas históricas de la clase trabajadora, sino que, por el contrario, la potencia y la ubica en su justa perspectiva.

 

La propuesta de CTA

 

Según los economistas y dirigentes de la CTA, en los últimos años la riqueza se ha concentrado en una minoría privilegiada de la población, formada por

 

a)  los grupos económicos que se beneficiaron con las privatizaciones;

b)  los grandes capitales ubicados en el sector servicios y en la interme­diación comercial (como los hipermercados);

c)  la gran banca;

d)  los acreedores de la deuda externa, sustentados en el capital financiero internacional y Estados Unidos.

 

Frente a esta minoría, sos­tienen, se levanta el campo nacional y popular -o la Argentina oprimida- en el que entrarían los trabajadores, la pequeña burguesía, la clase media y los industriales nacionales y productivos.

     Sobre la base de este análisis se fija la estrategia global de la CTA. El enemigo a derrotar sería esa minoría enriquecida durante el «festín menemista», con el objeto de redistribuir el ingreso a favor de los sectores populares. Para esto se postula revisar los contratos de las privatizaciones, esta­blecer impuestos a la gran banca, a las finanzas y a la intermediación (hipermerca­dos), y renegociar la deuda externa. Con estos recursos se crearía un seguro de desempleo para cada jefe de familia (incluido un suplemento por hijo), lo que permitiría frenar la descomposición que hoy socava el tejido social y  permitiría recomponer el mercado interno. Se trata entonces de un «shock» redistributivo, que además iniciaría un proceso de multiplicación de ingresos y producción, lo que llevaría a un descenso de la desocupación. El plan propone también medidas proteccio­nistas, con el argumento de que la demanda incrementada no debiera ir a la compra de bienes importados. «Sólo entrarían los productos que no se puedan fabricar en Argentina», dicen los economistas de CTA. Es interesante remarcar -y en esto se diferencia de los programas de la izquierda-, que no se propone dejar de pagar la deuda externa. 

 

Un análisis que diluye

el conflicto de clases

 

Los compañeros que tengan algunos años de militancia ya habrán advertido la semejanza entre el anterior análisis social y las tesis que durante décadas defendieron el peronismo combativo o el partido Comunista. Claro que por entonces la «minoría privilegiada» estaba compuesta por los «oligarcas terratenientes», en alianza con la burguesía «intermediaria y vende patria» y las grandes empresas extranjeras y el imperialismo. Prác­ticamente en los mismos términos en que lo hace hoy CTA, se sostenía que frente a esa minoría se levantaba el campo «nacional y popular», definido por la clase obrera, la pequeña y mediana burguesía y el capital industrial  nacional.

     Este análisis que, adelantamos, diluye la divisoria entre las clases sociales fundamentales, constituía el punto de partida para plantear la necesidad de una alianza entre el movimiento obrero y la izquierda con el capital «nacional y productivo» La idea era avanzar en el control de los recursos nacionales, en la reforma del agro y la nacionalización de las empresas extranjeras, e impulsar -al amparo de la intervención del Estado- el desarrollo del mercado interno. En muchos casos se sostenía que éste sería un paso previo en la marcha hacia la socialización de la economía. 

     Por supuesto, el análisis actual de CTA se ha «puesto al día» Además de que ya no se hace referencia a un cambio socialista -ni siquiera para un remoto futuro-, hoy desapareció la «oligarquía terrateniente» y la tradi­cional reivindicación que la acom­pañaba, la reforma agraria; hoy tampoco se hace mención a las inversiones directas extranjeras instaladas en los últimos años, a excepción de las que entraron por las privatizaciones. En su lugar encon­tramos la denuncia de los hiper­mercados, la banca y los acreedores externos y algunos holdings modernos. Sin embargo en el esquema de la CTA se mantiene lo fundamental de la vieja matriz: que el conflicto decisivo está planteado en términos de pequeña minoría de la clase dominante contra la gran masa de la población, incluyéndose en esta última a una gran parte de los explotadores. No es un tema menor, porque como lo prueba también toda la historia del movimiento obrero (nacional y mun­dial), al incluir a los empresarios en el mismo campo que los obreros, se ahoga la organización independiente de estos últimos en su lucha contra la explotación. De esta manera las reivindicaciones, los programas de acción y la estrategia se adaptan a la necesidad de conciliar con los patrones «nacionales y progresistas» y con sus representantes políticos.

     De aquí viene una tendencia a buscar pro­gramas que articulen, de alguna manera, una supuesta convergencia de intereses entre el trabajo y el capital «nacional y progresista». Para  este fin -y esto es una constante de todos los programas de la «alianza nacional»- se elaboran propuestas que pretenden modificar a gusto las condiciones económicas y sociales del capitalismo, mediante la eventual intervención en el futuro de un Estado «popular y democrático» (o en su defecto, con la «presión» de los sectores populares para que se implementen las medidas interven­cionistas).

     Recordemos que con el cuento de que los «verdaderos» explotadores se concentraban en un puñado de oligarcas terratenientes y capitales extranjeros, los partidos Comunistas y las tendencias del peronismo izquierdista ayudaron a anular la conciencia del antagonismo irrecon­ciliable entre los intereses del capital -en general- y del trabajo. Hoy la CTA repite aquella formulación, y de la misma manera que lo hacían el viejo peronismo y el estalinismo, diluye el conflicto central que recorre la sociedad. El aliento tácito de muchos sectores de la CTA al voto a la Alianza, se explica de fondo por esta concepción que estamos criticando. También su actual estrategia de «presionar» al gobierno para que «no ceda» a los intereses de la «pequeña minoría», para que «escuche» la razonabilidad del campo que conforma «la nación».

     Más en general, este análisis potencia una orientación política basada en la confianza en el rol del Estado, y que ubica a las luchas obreras como un factor de presión permanente. Como veremos luego, no es casual que De Gennaro sostenga que la solución a los problemas del país pasa por convocar a una «concertación política» de las mayorías, que decidan el cambio, en acuerdo con los representantes «de las grandes mayorías» (incluidos los «progresistas» del gobierno y del PJ). En este enfoque es imposible concebir que el Estado tenga un carácter de clase, y que las acciones del go­bierno respondan a los intereses de una clase social, los explo­tadores.

     Algunos compañeros nos dicen que los dirigentes de la CTA se están orientando hacia la independencia de clase al sostener que el movimiento obrero no debe comprometerse con ninguna de las dos grandes fuerzas políticas patronales, la Alianza y el PJ. Pero la independencia de clase es más profunda que la mera ausencia de un compromiso formal con los partidos del sistema, porque implica asimilar la idea -y desarrollar una práctica acorde- de que los trabajadores son explotados por todos los capitalistas, y que éstos, por encima de sus diferencias circuns­tanciales, están unidos en el objetivo de mantener esta explotación e incluso en aumentarla. Indepen­dencia política de clase es también no confiar ni por un momento en el rol de ningún Estado mientras defienda la propiedad privada del capital.

 

Comunidad de intereses del capital

 

A diferencia del análisis de «explotadores = pequeña minoría», los marxistas sostenemos que toda la clase capitalista -esto es, los dueños de los medios de producción y de cambio- es la que se beneficia de la explotación. No sólo eso, sino también hay que decir, con todas las letras, que la clase capitalista de conjunto está interesada en mantener los actuales niveles de explotación. No es casual que todas las Cámaras patronales apoyaran la flexibilización y la precarización laboral. La patronal de conjunto lleva adelante el ataque a las conquistas históricas de la clase obrera en los lugares de trabajo. Es que junto o apenas por debajo de la minoría de la que habla la CTA existe una amplia red de empresarios, de mandos del capital, de cuadros políticos de la burguesía, de medianos empresarios, de rentistas y un largo etcétera, que vive y se enriquece con la explotación de los trabajadores.

     Para ilustrar este punto, tomemos el sector financiero, blanco preferido del ataque de los ideólogos del «campo nacional y popular». Según éstos, sólo un puñadito de grandes financistas oprimen al pueblo. Pero la realidad es que por debajo de los grandes bancos existe una gigantesca malla de sanguijuelas financieras que embolsan pingües ganancias: escribanías que toman hipotecas, compañías de crédito al consumo, mutuales que prestan a los jubilados, «cuevas» usurarias. De conjunto conforman un sistema bancario paralelo, cobrando intereses altísimos (incluso superiores al 100% anual); llevan entregada financiación por 27.000 millones de pesos y controlan el 43% de los préstamos para consumo o vivienda particular (datos de Miguel Arrigoni, La Nación 26/06/00). ¿En dónde ubican los economistas de la CTA a estos señores? ¿Dentro del campo «nacional y popular», enfrentado a la gran banca? Preguntas semejantes se pueden formular con respecto a otros sectores. ¿Qué decir de las comisiones que cobra la intermediación inmobiliaria? ¿Por qué no poner la atención en los recovecos del trabajo en negro en las PYMES? Esto sin olvidarnos del Estado, en el que pululan los funcionarios de alto rango, que además de usufructuar salarios altísimos, gozan de decenas de prebendas y posibilidades de enriquecimiento.

     Así, a cada paso se pone en eviden­cia que la sociedad está recorrida por la contradicción entre los que producen la plusvalía con su trabajo y los que viven espléndidamente a costillas del trabajo ajeno. Se calcula que, en nivel nacional,  el 10% más rico de la población -lo que representa casi cuatro millones de personas- se apropia del 40% del ingreso. Sólo entre 1980 y 1993 los salarios reales en Argentina cayeron el 30%, alcanzando la baja en el caso de los trabajadores no calificados el 45% (datos del Banco Mundial). Estos datos están eviden­ciando que estamos en presencia de la explotación de una clase social, que adhiere, en sus rasgos fundamentales, al «modelo» de explotación en curso. CTA no dice esto, ocultando la real magnitud de la explotación, e induciendo de esta forma a una estrategia de conciliación con el Estado y amplios sectores de la patronal.

 

Impuestos selectivos

 

Un argumento usual de los defensores del programa de la CTA reza: «Los empresarios nacionales se quejan por los altos impuestos y las tasas de interés; otros por la concentración y la apertura comercial. Los trabajadores deben unir fuerzas con ellos, para derrotar al enemigo principal, y mejorar su situación. Después daremos otros pasos».

     Todo el programa de reforma del capitalismo se basa en esta idea: atacar las ganancias de los pocos capitalistas a los que se ha señalado como los grandes enemigos públicos, dejando intactos los ingresos de las otras fracciones de la clase dominante. Por eso los economistas de la CTA han dictaminado que el seguro de desempleo deberá financiarse con impuestos a los intereses que cobra la alta banca, a las ganancias de las empresas privatizadas y de la intermediación comercial (hipermer­cados). El preciso bisturí de los impuestos, dirigido por el consejo de los ideólogos reformistas, deberá concen­trarse sólo en los capitalistas «rapaces y codiciosos».

     Como resultado de esta idea se está postulando entonces que es tarea del movimiento obrero decidir qué fracción del capital tiene una tasa de ganancia superior a la media, y presionar para que el Estado implemente el impuesto correcto, en la proporción correcta, para no lesionar al capital «nacional y progresista» -virtual aliado del campo «nacional y popular».

     Esta es otra utopía reformista. Otra más, de las tantas que han pergeñado filántropos y reformadores sociales a lo largo de la historia, en aras de desviar la atención de los trabajadores de la lucha social. Como sucede en todos estos casos, los reformadores sociales bieninten­cionados piensan que es posible gobernar a voluntad el reparto de la plusvalía entre las fracciones burguesas, haciendo intervenir al todo poderoso Estado (capitalista) en aras de los trabajadores y de la «alianza nacional». Como decía Engels, criticando este tipo de utopías, en lugar de atacar las condiciones económicas y sociales que subyacen a la explotación, tratan de poner parches con medidas administrativas, dictadas a pura voluntad y arbitrariamente. En este sentido, es habitual querer dictaminar cuál debiera ser la relación «justa» entre los capitales, para un funcionamiento «justo y armónico» de la sociedad capitalista. De alguna manera esta tesis constituye el reverso de la medalla de la ideología neoliberal. Mientras ésa sostiene que el capitalismo funciona de maravillas dando plena libertad al mercado, los reformadores «progres» piensan que funcionaría de maravillas si el Estado decide cómo deben encajar todas las relaciones sociales. Por uno u otro lado, se cae en la apología del sistema.

     La crítica marxista, en cambio, demuestra que la anarquía y la competencia entre los capitales -esto es, la dinámica objetiva del sistema- no pueden anularse en lo sustancial; y menos puede pretender hacerlo el movimiento obrero, convertido en factor de presión sobre el Estado.

     Demostremos esto que decimos analizando con algún detalle la propuesta de la CTA de gravar con impuestos sólo a la pequeña minoría que tiene «altísimas ganancias». Esto implica que el movimiento obrero debería determinar cuánto debe ser la tasa media de ganancia de todo el capital (la «ganancia justa» en los ojos del reformador social). Pero no sólo esto, sino también decidir cómo igualarla para todos los capitales.

     Sin embargo, en la sociedad capitalista es la misma competencia entre los capitales la que tiende a establecer una tasa media de ganancia. O sea, los dirigentes de la CTA están proponiendo como programa -como gran eje del programa- que el movimiento obrero «exija» al Estado hacer lo que hace el mercado. ¡A esto se reduce la «ciencia» de esta reforma «profunda»!

     Claro que es cierto que durante algunos lapsos de tiempo fracciones del capital pueden gozar de rentas semi monopólicas (como las que tuvieron las empresas de telefonía con las privatizaciones). En este respecto, los mismos capitales desplazados presionan de manera mucho más efectiva que lo que pueda hacer el movimiento obrero para que se abra paso la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia (como están haciendo las empresas de telecomunicaciones hoy, al exigir la desregulación del mercado). Pero además, debido a la lógica anárquica del mercado, a cada paso surgen ganancias extraordinarias en uno u otro punto de la acumulación capitalista -y pérdidas en otros puntos- que con el tiempo son eliminadas por la misma competencia entre los capitales. Esta es la forma natural de funcionamiento de un sistema que se basa en la propiedad privada y en la concurrencia despiadada. ¿Cómo se puede basar un sistema de redistri­bución permanente del ingreso, dicta­minando a priori qué sectores tienen ganancias extraordinarias? A lo sumo, ésta podría ser una tarea de los organismos de recaudación estatales. ¿Por qué tiene que comprometerse al movimiento obrero en semejante cuestión, que hace al reparto de las plusvalías entre los capitales, y a sus constantes oscilaciones? Además, ni siquiera existirían los medios para controlarlos; a no ser que se estable­ciera un control obrero revolucionario sobre el conjunto del capital. Pero esto cuestionaría la existencia misma del Estado y del sistema. Y CTA no está proponiendo nada por el estilo. 

     Para ilustrar mejor nuestro argu­mento, supongamos por un instante que fuera posible establecer con exactitud qué tasa de ganancia media le corresponde a cada sector, y supongamos también que se aplican los impuestos propuestos por CTA. De acuerdo a las leyes de la competencia capitalista, la nueva situación provocará realineamientos y cambios en las colocaciones del capital. Se generan ahora nuevas tasas de ganancias, y con ellas, nuevas diferencias en las rentabilidades de empresas o ramas. ¿Qué hace el economista de la CTA? ¿Llama al movimiento obrero a luchar ahora por otros impuestos sobre el sector con tasa de ganancia superior a la media? ¿Propone bajar los impuestos a los que quedaron con una tasa de ganancia menor? Lo absurdo de la situación, y del programa planteado por CTA debería ser evidente a esta altura de la argumentación.

     Accesoriamente, al hacer hincapié sólo en las ganancias de las empresas privatizadas, se induce al movimiento obrero a focalizar el origen de buena parte de los males en la corrupción que viciaría los contratos de privatización. Un discurso que lleva agua al molino del «capitalismo prolijo» de un sector de la burguesía; que por lo tanto, perfectamente puede ser asimilado dentro de una discusión estrictamente «técnica» (hay que revisar contratos con un ejército de abogados y peritos), a favor de una redistribución burguesa de prebendas y beneficios. Algo que verían con buenos ojos muchos oligopolios que fueron desplazados en el momento de las privatizaciones. ¿Qué tendría que ganar el movimiento obrero de todo esto?

     También merece una consideración especial la propuesta de gravar las ganancias de la intermediación comercial y financiera. Aquí nueva­mente aparecen todos los prejuicios del ideólogo pequeño burgués, siempre propenso a condenar el «comercio parasitario». El reformador de la CTA no entiende que en la sociedad basada en la propiedad privada y el mercado, los trabajos de comercialización son tan importantes para el funcionamiento del sistema como cualquier otro. De ahí que piense que el sistema no funciona «como debiera» por culpa del intermediario. Pero el hecho es que los capitales invertidos en el comercio entran en concurrencia como cualquier otro capital, buscan su ganancia como otras fracciones del capital, y juegan un rol necesario para el funcionamiento del mercado. Hoy todo esto se verifica en la comercialización, donde la competencia es brutal, y donde la concentración en grandes cadenas no es esencialmente distinta a la concentración de capitales que se opera en otras esferas. Es cierto que los pequeños comerciantes son arruinados; de la misma manera en que lo son tantos otros sectores por el avance del capital. Pero no está en las manos de la clase obrera volver atrás la tendencia del capitalismo, sino presentar una salida superadora a la concentración del capital, postulando la socialización de las grandes y modernas cadenas de comercia­lización.

     Consideraciones similares merece la propuesta de impuestos a la gran banca. También aquí sobrevuela el prejuicio de que el interés es «el» culpable de los males. Se olvidan que la tasa de interés -y su nivel- surge de las condiciones económicas en que se encuentra el capital, y que no puede ser gobernada a voluntad. El capital bancario es otra fracción del capital global, y las oscilaciones de sus ganancias estarán sometidas a las leyes del funcionamiento del capi­talismo.

     Por otra parte, la idea de que bajando las tasas de interés se mejora la situación de la clase obrera es falsa por donde se la mire. Supongamos que es posible bajar las tasas de interés mediante un decreto. ¿Deberían subir por eso los salarios obreros? El ejemplo de Chile sirve para desarmar la ilusión, ya que en el país trasandino las tasas de interés son más bajas que en Argentina, pero los salarios no son más altos. Digamos también que Chile tiene una deuda externa más baja que Argentina, pero las condiciones laborales son iguales o peores que las argentinas. Una vez más se ve que el programa de CTA se articula con falsas promesas, eterno alimento de la ideología del reformista, que quiere eliminar los males del capitalismo sin acabar con el capitalismo.

 

Olvidan la fuente del interés

y la ganancia, el plusvalor

 

En el fondo, las incoherencias del programa de la CTA provienen de «olvidar» que tanto el interés, como las «súper ganancias», son sólo frac­ciones de la plusvalía que la clase capitalista arranca a los obreros. Y que lo mismo sucede con los impuestos que percibe el Estado, con la ganancia de los empresarios y la renta que recibe el dueño de la tierra. Todas ellas son partes en que se divide la plusvalía producida por la clase obrera. En definitiva, la ciencia de los economistas y dirigentes de la CTA se limita a cuestionar la manera en que se dividen esas fracciones, pero dejando intacta la división central, la que existe entre la plusvalía y el salario.

     Es cierto que cada una de las formas que adopta la plusvalía se enfrenta a las otras; cuando sube el interés, por ejemplo, es muy posible que baje la renta o la ganancia del empresario. De ahí que en épocas de crisis pueda surgir la ilusión de que la culpable de los problemas es la tasa de interés, y no las contra­dicciones del sistema. De ahí también que los empresarios afectados por la crisis estén inclinados a llamar en su auxilio a la clase obrera cuando disputan con otras fracciones capitalistas por el reparto de la plusvalía. Si se entiende esta dinámica se entenderá por qué un cambio en la división entre estas formas que adopta la plusvalía no tiene por qué provocar un cambio en la división decisiva entre los ingresos del capital y del trabajo. Una baja de la tasa de interés puede producir una transferencia de plusvalor desde el capital financiero al empresario productivo, al comerciante o al Estado, pero los salarios pueden permanecer inalterados. Esto es evidente para quien analice la sociedad a la luz de la teoría marxista de la explotación. Pero el programa de la CTA se asienta, en buena medida, en la ilusión de que un nuevo reparto interno de la plusvalía entre los explotadores, mejorará la situación de la clase obrera.

     Hace muchos años, el gran revolu­cionario Federico Engels decía con respecto a planteos similares sobre cambiar el reparto de la plusvalía, que «todos esos puntos que se nos presentan como del mayor interés para la clase obrera no interesan esencial­mente más que al burgués y sobre todo al pequeño burgués», y agregaba que «la gran cuestión que verdade­ramente interesa a los obreros es la relación entre capitalistas y asalariados». Esta idea debiera ser la piedra basal de toda estrategia y programa del movimiento obrero.

 

El «shock» redistributivo

 

Ligado a lo anterior, la dirigencia de la CTA piensa que la redistribución del ingreso acabaría con la crisis. Según ellos, sería factible una salida «concertada» con el capital «progre­sista y productivo», porque éste encontraría demanda para sus productos; un aumento general de los salarios iría entonces en el mismo sentido de los intereses de una fracción del capital. Accesoriamente, el proteccionismo aduanero pondría a la industria nacional al abrigo de las mercancías importadas baratas, favoreciendo a los trabajadores  empleados en ellas. Por todo esto la lucha de los trabajadores a favor de la redistribución del ingreso sería beneficiosa para el capital nacional y productivo. Una nueva razón para no desplegar una estrategia basada en la lucha de clases, sino en la pelea por «la sociedad progresista y nacional». Es en función de esta salida que De Gennaro se ha esforzado por demostrar que «la salida a la actual situación es muy sencilla» (sic) porque «depende de una decisión política», que es «no ceder a las presio­nes de los grandes grupos» e instrumentar «una política en beneficio de las mayorías». Las movilizaciones y las huelgas tendrían el objetivo de que el gobierno «tome conciencia» de esta necesidad.

     El «shock» redistributivo que propone CTA está entonces en consonancia con este análisis.

     Según los economistas de CTA, esto provocaría una rápida reactivación económica -vía recuperación de la demanda y del mercado interno- y con esto una baja del desempleo.

     Lo primero que debería llamar la atención al reflexionar sobre esta propuesta es que, a lo largo de más de un cuarto de siglo de bajas salariales y precarización laboral, ninguna fracción importante de la burguesía «productiva y nacional» adoptó ni luchó seriamente por la salida «racional y concertada» que propone CTA. Por el contrario, prácticamente no hubo fracción de la burguesía argentina que no haya aplaudido a rabiar las medidas anti- obreras desde los primeros tiempos de la dictadura hasta el presente, desde las acciones contra la «intolerable prepotencia sindical» y los «excesivos privilegios», hasta los decretos contra las «industrias del juicio» y las «legislaciones laborales permisivas». Cada avance en la baja de «costos laborales» es alabado como un paso positivo para «recuperar competitividad en los mercados internacionales». ¿Puede ser que, después de un cuarto de siglo de seguir semejante política, sea tan «sencillo» establecer una salida concertada con el capital, sobre la base de la suba general de los salarios y mejora de las condiciones laborales, como dice De Gennaro?

     Algo no «encaja» en las sencillas soluciones de la CTA. De nuevo, la teoría de Marx sobre el capital nos proporciona la llave para comprender el problema y la incoherencia de la propuesta de los dirigentes de la CTA. Dadas sus implicancias políticas y estratégicas para la lucha obrera, y para la militancia de la izquierda, es importante que nos detengamos un momento en estas cuestiones.

     Como lo prueba la historia del capitalismo, los ciclos de auge y depresión de la economía capitalista no son generados por las variaciones en el consumo de los asalariados (como piensan los economistas de la CTA), sino por las variaciones en la inversión de los capitales. Mientras las fases de crecimiento se caracterizan por una alta tasa de inversión (o sea, el capitalista reinvierte sus ganancias en la producción), las depresiones se distinguen por la declinación de la tasa de inversión. Y a su vez la inversión oscila según las ganancias de las empresas. Cuando la tasa de ganancia es alta, los capitales invierten; cuando la tasa de ganancia se debilita, los capitales frenan la inversión. En estos movimientos el consumo de los asalariados aparece como un efecto de la inversión, no como la causa primaria. Así, la larga crisis argentina se inicia a mediados de los setenta, cuando los salarios habían llegado a un nivel históricamente alto. En esa coyuntura las inversiones productivas comenzaron a desaparecer y a volcarse a la especulación financiera. Por razones que no podemos desarrollar aquí en extensión, la tasa de ganancia de los capitales tiende a debilitarse a medida que el capital acumula. La crisis -esto es, la detención de la inversión y el aumento de la desocupación que le sigue- es el medio con el cual los capitales intentan recomponer la ganancia, debilitando y desvalorizando al trabajo y liquidando a los capitales más débiles.

     Es lo que ha estado sucediendo en Argentina y en el mundo a lo largo de las últimas décadas. Por eso también el capital -y el Estado capitalista- tienden a resolver las crisis de 1994-95 y la iniciada en 1998 elevando aún más la tasa de explotación, con el fin de hacer competitivo al capital argentino -tecnológicamente atrasado- frente a la competencia internacional.

     Aunque esbozado brevemente, este enfoque permite comprender por qué no puede haber conciliación con el capital para salir de la crisis. La teoría de la acumulación y de las crisis de Marx explica por qué la clase capitalista ha tenido a lo largo de las últimas décadas el comportamiento que tuvo; explica también por qué hoy toda la «ciencia» económica burguesa gira en torno a cómo hacer más «atractiva» la inversión para los capitales. En momentos en que el capital está globalizado, los gobiernos de cada país -y también de cada provincia o región del mundo- compiten por atraer las inversiones, con la baja salarial, la flexibilización, la baja de impuestos y la libertad de movimientos para el capital. Frente a esta dinámica, la propuesta de la salida concertada con el «capital progresista», vía aumento de salarios desorienta y siembra ilusiones en una imposible conciliación de clases.

 

El «multiplicador» y el

proteccionismo económico

 

Además de basarse en un diagnóstico de la crisis equivocado, la propuesta de CTA y MTA de reactivar el mercado interno mediante un «shock» redis­tributivo se apoya en una teoría de raíz keynesiana -muy conocida en los medios acadé­micos burgueses- llamada del «multipli­cador». Economis­tas del MTA la han utilizado para exponer su programa en reuniones de activistas y dirigentes sindicales.

     La idea es que un aumento inicial del consumo de las clases populares provocaría un incremento multiplicado de la producción y del consumo. Supongamos -nos dicen- que se inyec­ten 10 mil millones de pesos en la corriente de gastos de las clases populares. Los que producen los bienes que compran los sectores populares recibirán entonces los 10 mil millones de dólares, y gastarán la mayoría de esos ingresos en nuevos consumos. En una «segunda ronda», los que producen bienes de consumo en que se gasta ese dinero volverán a gastar una buena parte del ingreso que reciben. Y se inicia una «tercera ronda» de gastos.

     Así entraríamos en un círculo dorado, en que los gastos y los ingresos de los sectores populares parecen multiplicarse como por arte de magia. Triunfalmente nuestro «economista asesor» (del MTA) concluye que basta el «impulso inicial» para que estemos instalados en el mejor de los mundos posibles. En nuestro ejemplo, si se inyectaran 10 mil millones de dólares iniciales, el ingreso nacional podría crecer en 50, 60 o 70 mil millones de dólares.

     Pero como ya habrá advertido el lector atento, la realidad del capitalismo es muy distinta de lo que cuenta la fábula keynesiana del multiplicador. Es que una vez más se olvida que quien decide invertir es el capitalista. Por eso nada garantiza que el «ingreso shock» inicial sea reintroducido en la producción. Los capitalistas que venden los bienes de consumo pueden decidir, por ejemplo, reservar los ingresos que perciben como previsión para futuros gastos, destinarlos a pagar deudas o sacar el dinero del circuito productivo para ponerlo a tasa de interés. Toda la experiencia, na­­c­io­nal e internacional, confirma que estos comportamientos son «normales» en períodos de inestabilidad o recesión económica. En determi­nadas condiciones (que tienen que ver con las condiciones de rentabilidad), por más estímulos fiscales o demanda artificial que se intro­­duzca, los ingresos capitalistas se congelan en el ahorro, la inversión no se recupera y continúan la recesión y la crisis. Esto explica por qué el capitalismo no puede manejar sus crisis a voluntad.

     Otra medida que se propone con insistencia desde la CTA, CCC y  otras instancias sindicales, es la protección arancelaria del mercado interno. Nuevamente, nada garantiza que los estímulos proteccionistas se traduzcan en un avance de la inversión productiva, de la tecnología. La experiencia argentina demuestra lo que decimos. El «monopolio» estatal de los servicios públicos (la máxima protección con­cebible) que existió durante años no generó ningún desarrollo parti­cularmente notable. Lo mismo puede decirse del proteccionismo aduanero. Más bien las constan­tes fueron los fraudes, las especulaciones, para­lelas al mantenimiento de una industria atrasada y dependiente. ¿Por qué va a ser distinto hoy?

     Por otra parte, mucho de lo que dijimos antes sobre la línea de involucrar al movimiento obrero en la nivelación de las ganancias de los capitales se aplica al caso del proteccionismo. Con las barreras arancelarias algunas fracciones del capital se beneficiarían y otras se perjudicarían. Más aún, ahora habría que discutir concordando con las empresas del Mercosur, porque están en juego las barreras extra mercado, además de las internas. Y a cada cambio de precios relativos, mundiales o nacionales, habría que formular nuevos programas arancelarios. Todo esto, suponiendo que la clase obrera tuviera posibilidades de supervisarlos e imponerlos.

     Pero más importante todavía es que el proteccionismo engancha a la clase trabajadora en el carro de los sectores de la burguesía que disputan porciones del mercado frente a burguesías de otros países. Además, ¿qué se gana con que a las barreras proteccionistas en Argentina, respondan Brasil o Chile (o cualquier otro país), con nuevas y mayores barreras proteccionistas? El único resultado es dividir a las clases trabajadoras según los diferentes «Estados nación», debilitando más la conciencia de clase y la necesaria unión por encima de las fronteras. La respuesta a la acción del capital globalizado debe nutrirse del interna­cionalismo, de la acción solidaria de todos los trabajadores del mundo, contra todas las burguesías, y no del fomento de las divisiones según  líneas nacionales -o regionales.

 

La crítica marxista al capital

 

Todo lo desarrollado hasta aquí apunta a demostrar una cuestión decisiva para el movimiento obrero: que no es de su responsabilidad presentar -ni está en sus manos imponer- planes econó­micos para el buen funciona­miento del capital.

     Al respecto es extraño y paradójico que muchos compañeros de izquierda, que se reivindican marxistas y militan en CTA, se afanen en presentar estos programas económicos. Es que la teoría marxista apunta a demostrar que la sociedad capitalista está atravesada por contradicciones insalvables, que se manifiestan inevitablemente en crisis -con sus secuelas de deso­cupación, hambre y destrucción de las fuerzas productivas- y que por eso la clase obrera debe intervenir con una acción revolu­cionaria. No con políticas macroeco­nómicas para el buen funciona­miento del capital. Por eso Marx y Engels nunca confundieron la lucha por reformas o mejoras para los trabajadores con el combate por un funcionamiento reformado del modo de producción capitalista. Desde sus más tempranos escritos criticaron a los que querían modificar a gusto las relaciones sociales sin cuestionar la propiedad privada. Por ejemplo, en El Manifiesto Comunista criticaron al «socialismo conservador o burgués», que «quiere perpetuar la sociedad actual, pero sin los elementos que la revolucionan y descomponen» y busca «reformas adminis­trativas sobre la base de las mismas relaciones de producción (...) para reducirle a la burguesía los gastos que requiere su dominio y simplificarle la admi­nistración del Estado». Durante el resto de sus vidas mantuvieron esta posición.

     Sin embargo, este enfoque hoy se ha perdido. En lo que se refiere a los dirigentes de la CTA, hasta cierto punto es lógico que presenten programas para el funcionamiento armónico entre el capital y el trabajo, ya que son defensores del sistema capitalista. Ellos son conscientemente reformistas del sistema. Pero cuando se trata de los partidarios del socialismo -sustentado en Marx- el empeño en presentar programas económicos se torna inexplicable. Después de todo, si fuera posible acabar con los males del capital sin acabar con la propiedad privada ¿para qué la revolución? Si durante las crisis no demuestran la necesidad del socialismo ¿Cuándo habrán de demostrarla? ¿Cuando los trabajadores se hastíen de los fracasos del «capitalismo popular»?

     En el fondo, cuando se formulan programas económicos para el funcionamiento armónico del capital, se está confesando que no se está convencido de que estamos ante un modo de producción con contra­dicciones no manejables a voluntad de los Estados o de los empresarios (y menos todavía de los trabajadores).

     La clave está en tener presente que es el capital el que tiene la facultad de invertir o no, y con ello determina la dinámica de la acumulación y crisis. Por lo tanto no es respon­sabilidad de los trabajadores aportar «soluciones constructivas» para que el capital los explote mejor o se sienta inducido a invertir. Adoptar el punto de vista de los reformistas invita a tener una actitud «comprensiva» con las necesidades de rentabilidad de los capitales. En definitiva, lo que estamos criticando es la postura «de estadistas» que adoptan muchos ideólogos de la clase obrera y de la izquierda (o del «sector popular» como se estila decir en algunos ámbitos) que se imaginan a sí mismos desplegando imaginativos «modelos macroeconómicos de creci­miento autosostenido», en concerta­ción con el capital «progresista e industrioso». ¿Acaso los trabajadores deben aconsejar al empresario sobre cómo dirigir mejor sus negocios? ¿Por qué tienen que hacerlo entonces a nivel del Estado capitalista?

 

La lucha por las

reivindicaciones elementales

 

De lo desarrollado hasta aquí no debería deducirse que la izquierda deba limitarse a oponer en abstracto el programa socialista al capitalismo. Esta sí es la posición de los muchos grupos trotskistas, que sostienen que ninguna mejora, ni siquiera elemental, es posible dentro de este sistema, y por eso agitan las soluciones transicionales como única salida inmediata. Explícitamente se niegan a reivindicar un programa mínimo que no vaya «indisolublemente ligado» a la lucha por iniciar la transición al socialismo.

     No es nuestra perspectiva. En tanto no existan condiciones para la lucha por el poder y el socialismo, la clase trabajadora debe luchar por reformas, o por lo menos por defender posiciones adquiridas. A diferencia de los planteos ultra­izquierdistas, pensamos que la izquierda revolucio­naria no debe regalar la bandera del combate por las reformas a los oportunistas y burócratas

     Pero hay que distinguir entre la pelea por reformas, que es posible, necesaria y urgente, de la pelea por reformar el capitalismo, que es utópica, lleva a la conciliación de clases y además, debilita la lucha misma por reformas, al generar ilusiones y falsas expec­tativas en el capital y su Estado.

     Por eso apoyamos reivindicaciones elementales, como el seguro de desempleo que levanta CTA, sin compartir en absoluto sus «planes» para el buen funcionamiento de la explotación capitalista. Hay que tomar la lucha por reivindicaciones elemen­tales como banderas del movimiento obrero, como puntos para el reagru­pamiento de clase y la resistencia. La diferencia con la CTA está en la perspectiva en que se ubica este combate, y la estrategia y táctica que se desprenden. Hay que comprender, que la lucha reivindicativa mínima es lucha entre clases sociales anta­gónicas, entre el capital y el trabajo, entre explotadores y explotados. Por eso la primera obligación del marxista es explicar que, aun en el caso de conseguirse algún triunfo, éste siempre será precario y parcial en tanto no se acabe con la propiedad privada del capital y con la explotación que le es inherente.

     Pero en segundo lugar la clase trabajadora no debería plantearse, en cuanto programa elemental, una redistribución global del ingreso en su favor. Nada tiene que hacer en esto la lucha -proclamada por la CTA- por una redistribución de la plusvalía entre las fracciones de la clase dominante. La defensa de posiciones obreras, de las reivindicaciones elementales, afecta a toda la clase propietaria del capital. Por eso es necesario plantear el combate en defensa de las reivindicaciones en el marco de una estrategia correcta, de clase, que no olvide ni por un instante el antagonismo irreconciliable, de clase entre el capital y su Estado, y el trabajo. Sobre esta base es posible también plantear una estrategia de alianzas hacia las inmensas capas de la población que, sin pertenecer a la clase obrera, están en vías de proletarización: cuentapropistas, pequeños comercian­tes, estudiantes, profesio­nales, que pueden colaborar para comenzar a inclinar la balanza del lado de los trabajadores. Y articular programas específicos, de reivindica­ciones y lucha por reformas elementales –en educa­ción, salud- que empiecen a abrir una perspectiva de coordinación en la resistencia a la ofensiva del capital.