A un año de la caída del gobierno radical:

Balance y perspectiva

      La movilización popular que en diciembre pasado culminó con la caída del gobierno radical, planteó toda una serie de interrogantes sobre las características que tendría la situación económica, política y social a partir de ese momento.

     Muchos evaluaron que la movilización de diciembre marcaba por sí misma un cambio de etapa. Los más, que la movilización popular pondría un límite a las políticas que se venían implementando, cuando no revertirlas e incluso llegar a cambiar el modelo económico. Otros, que comenzaba una etapa pre, cuando no abiertamente, revolucionaria: el pueblo comenzaba a conformar organismos de doble poder que cuestionaban el sistema capitalista mismo.

     A diferencia de estas evaluaciones, desde la Liga Comunista entendíamos que la pro­testa popular de diciembre no implicaba por sí misma un cambio de etapa en los sentidos anteriormente descritos, pero que sí generaba mejores condiciones para el debate sobre las alter­nativas populares y para la articulación de la vanguardia de las fuerzas populares y obreras. Después de todo, una conmoción semejante no se produce todos los días y necesariamente un acontecimiento de esas características genera interrogantes en amplias capas so­ciales tanto sobre sus causas y su significado como sobre sus posibles consecuencias en el desarrollo futuro de la situación. Pero, nada nos decía la protesta misma sobre la forma en que el movimiento popular y el movimiento obrero darían respuesta a estos interrogantes. Particularmente porque la relación de fuerzas en que los trabajadores y el pueblo venían desarrollando sus luchas hacían que fuera dudoso un cambio inmediato en la correlación de fuerzas o un salto cualitativo en las formas de conciencia predominantes en el movi­miento popular. Menos aún, por ende, era probable el avance en el corto o el mediano plazo hacia una situación revolucionaria. Los trabajadores no contaban ni con un programa propio ni con la fuerza para imponerlo. La protesta espontánea por sí misma no podía suplir esas falencias.

     Esto es lo que nos llevaba a entender que la protesta planteaba una serie de posibi­lidades, como ser un avance en la conciencia de las masas acerca de sus propias fuerzas, la percepción de la necesidad de la cons­trucción de una alternativa política popular, y por ende, un mayor espacio para la difusión de las ideas socialistas y la re-articulación de cierta vanguardia. Sin embargo, señalábamos enfáticamente que la realización de estas potencialidades dependía de la capacidad que el movimiento popular, y específicamente su vanguardia, tuvieran para aprovechar estas nuevas condiciones. Por eso, si estas poten­cialidades no podían ser aprovechadas, lo más probable era que la burguesía lograra superar los escollos que se le presentaran, redoblando su ofensiva como forma de sortear la crisis.

     Esta perspectiva fue la que presentamos a comienzos de este mismo año1 y particular­mente se sintetizaba en las siguientes tesis, según las cuales: 

 

I)     la movilización popular por sí misma no planteaba una reversión en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo;

II)    la clase obrera no había participado como clase en los acontecimientos de diciem­bre y no existían indicios de que a partir de entonces los trabajadores, en forma es­pontánea, fueran a avanzar en organi­zación y conciencia;

III)   la caída del gobierno radical no había sido sólo un producto espontáneo de la movi­lización popular sino que había sido resultado de una conjunción de fuerzas que involucraban a distintas fracciones de clase, de ahí la necesidad de analizar la acción de cada una de estas fracciones sociales para evaluar el desarrollo futuro de los acontecimientos;

IV)  la movilización popular no planteaba por sí misma una alternativa política popular superadora a las preexistentes, y era difícil esperar que esta alternativa política surgiera espontáneamente a partir de entonces;

V)    en el pasado inmediato, este tipo de situaciones habían llevado a un recambio de las figuras gubernamentales pero no a un cambio de políticas. No existían evi­dencias de que esta situación no fuera a repetirse entonces.

 

     Como puede apreciarse nuestras posi­ciones eran muy diferentes a las que predo­minaban. Su “pesimismo” les valió cierto aislamiento respecto del entusiasmo de quienes creían iniciado un cambio de etapa, fuera bajo la forma de un capitalismo “humanizado” o de una revolución socialista. Hoy, cerca de un año después de esos acontecimientos, creemos que es un buen momento para realizar un balance sobre las perspectivas planteadas en ese momento y su contrastación con los hechos sucedidos desde entonces.

 

I)  La correlación de fuerzas

 

     La primera pregunta que debemos respon­dernos es si efectivamente la protesta de diciembre abrió una nueva etapa en la lucha de clases marcado por un cambio en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo.

     La forma de responder esta pregunta es analizando la situación en que la clase obrera trabaja y desarrolla su vida. Esto es lo que nos permite saber si la ofensiva del capital sobre el trabajo se atenuó o se acentuó. ¿Mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores desde fines del año pasado hasta hoy? ¿O por el contrario el capital avanzó sobre estas condiciones intensificando los mecanismos en que se apoya la explotación?

     Históricamente, uno de los mecanismos fundamentales que posee la burguesía para disciplinar a los trabajadores ha sido el desempleo. La lucha de los trabajadores desocupados por encontrar un puesto de trabajo y de los trabajadores ocupados por no perderlo exacerba la competencia al interior de la clase trabajadora y la debilita en su conjunto. Esta debilidad es aprovechada por el capital para imponer peores condiciones de trabajo y de vida al conjunto de los trabajadores. Por eso, en general, una baja desocupación favorece las condiciones para la lucha obrera. Por el contrario, el aumento del desempleo alienta el individualismo y el miedo a perder lo poco que se tiene, y por ende, genera peores condiciones para la lucha.

     ¿Qué sucedió a partir de diciembre pasa­do? De haberse producido un cambio en la relación de fuerzas favorable a la clase trabaja­dora, hubiera sido esperable una baja en los índices de desocupación. Y sin embargo, el desempleo no sólo no bajó, sino que, por el contrario, para mayo de 2002 había alcanzado su récord histórico: a seis meses de la caída del gobierno radical el 21,5% de la población activa se encontraba desocupada (cifra que se elevaba al 40,1% si consideramos a quienes se encontraban subocupados).

     Esta situación favoreció la ofensiva que el capital desplegó sobre los salarios. Obvia­mente, esta ofensiva no se había iniciado en diciembre, pero es innegable su acentuación desde entonces. La fuerte devaluación del peso y la inflación de los precios, especial­mente de los productos de primera necesidad, habían provocado que a mayo de este año la caída del salario real ya hubiera superado la producida durante la hiperinflación de 19892. Esta abrupta caída del salario dejó al menos a la mitad de los asalariados del sector privado por debajo de la línea de indigencia3. Un mes más tarde en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el principal conglomerado urbano del país, uno de cada dos habitantes ya se  encontraba por debajo de la línea de pobreza.

     De más está decir que esta baja en los ingresos de los trabajadores en poco fue compensada por el aumento salarial transitorio dispuesto por el gobierno a mediados de año. No sólo por su carácter transitorio ni porque en números reales este aumento no com­pensa el provocado en  precios por la inflación, sino por su carácter acotado a sólo algunas fracciones de la clase trabajadora. Descon­tando que para el mes de agosto la mitad de las empresas no lo estaba pagando, el aumento sólo alcanzaba a los trabajadores de empresas privadas, dejando por fuera a los empleados fuera de convenio y en negro, los empleados estatales, del servicio doméstico y a los trabajadores rurales. Según datos del Ministerio de Trabajo, el aumento sólo alcan­zaba formalmente -es decir, en caso de que todas las empresas obligadas legalmente lo pagaran- a 3,2 millones de trabajadores, mientras que dejaba fuera a 5,1 millones4.

     A la par, la ofensiva del capital sobre el trabajo se fue reflejando también en el empeo­ramiento de las condiciones laborales. Según los datos de un informe oficial de mediados del 2002, el 56,9% de los ocupados tenían empleos “precarios, improductivos, tempora­rios, de mera changa, de baja calificación o en negro”5.

     Finalmente, las condiciones en que se en­cuentran los trabajadores desocupados tam­poco mejoraron desde diciembre a esta parte. El subsidio a jefes y jefas de familia desocu­pados, dispuesto por el gobierno en reemplazo de los planes Trabajar llega solamente a un tercio del total de desocupados. Quienes lle­gan a recibirlo cuentan con un poder adqui­sitivo menor aún que los miserables subsidios anteriores: no sólo debido a la inflación sino también a que el pago de los subsidios se realiza en bonos en lugar de dinero en efectivo, con la consecuente devaluación en el poco valor que llega a manos de los desocupados. Esto sin contar, obviamente, las redes de clientelismo y corrupción que es necesario atravesar para obtener este tipo de subsidios.

     En síntesis, comparados con los niveles previos a diciembre de 2001, la desocupación, la pobreza y la indigencia han aumentado en forma abrupta. Los trabajadores se encuen­tran viviendo y trabajando en condiciones peores a las existentes antes y durante el último gobierno radical. Ninguna de las leyes aprobadas a partir de los noventas que supusieron un avance del capital sobre los derechos de los trabajadores ha sido revo­cada, ni siquiera la impopular ley de flexibi­lización laboral, impuesta por la burguesía aún a costa de deslegitimar al Congreso al envol­verlo en sospechas de profunda corrupción.

     Por ende, mal que nos pese, difícilmente podríamos llegar a afirmar que la protesta popular de diciembre puso límites a la ofensiva del capital sobre el trabajo. Por el contrario, esta ofensiva se exacerbó desde entonces. Y aunque esto hoy se nos muestre como una verdad evidente, justo es recordar que las expectativas -al menos de una parte impor­tante del movimiento popular- hace menos de una año eran bastante diferentes.

 

II)       La organización

     y la lucha de los trabajadores

 

     Muchos creyeron que la protesta de diciembre marcaba el comienzo de un período de ascenso en la lucha de clases. ¿Cómo podía ser de otra manera cuando se había llegado incluso a derribar un gobierno? ¿Qué menos se podía llegar a esperar luego de esta situación?

     Y sin embargo, casi un año después de las jornadas de diciembre, el desconcierto ante el aumento de la explotación y la miseria trastoca esas preguntas en esta otra: ¿por qué, luego y a pesar de los acontecimientos de diciembre, la clase trabajadora no pudo detener esta ofensiva?

     La explicación principal se encuentra en el hecho de que, a pesar de las expectativas de algunos y las ilusiones de otros, la protesta de diciembre no abrió un momento de alza en la lucha de clases de los trabajadores. Nada hacía indicar que la protesta de diciembre haría cambiar en lo inmediato la organización, los programas y la fuerza con que la clase obrera contaba antes de diciembre. En primer lugar, porque - como señalábamos en su momento - la clase obrera no había intervenido como clase en la protesta del 19 y 20 de diciembre. Es decir, aunque en la movilización popular seguramente participaron numerosos individuos provenientes de la clase obrera -junto con otros provenientes de otras fracciones sociales-, la clase obrera organizada como tal, con sus organizaciones y programas, no participó de la insurrección popular. Por una parte, la movilización no levantaba consignas reivindicativas de la clase trabajadora sino que se aglutinaba tras una demanda que unificaba al conjunto del pueblo contra el gobierno: “que se vayan todos”. Por otra, aunque es difícil evaluarlo en cifras exactas, la protesta espontánea permitía la participación de amplias capas de la población que, en circunstancias normales, no se encuentran organizadas, y que, luego de pasada la conmoción social que dio origen a la protesta, se replegaron y volvieron a dejar el espacio para la acción de las distintas fracciones de clase a través de sus distintas organizaciones y programas.

     Así sucedió por supuesto para la clase obrera y sus organizaciones. Todas las fracciones que se expresan en las distintas centrales sindicales dieron un primer periodo de tregua tanto al nuevo gobierno justicialista encabezado por Rodríguez Saá6 como al posterior gobierno de Duhalde, cuando éste último convocó a una Mesa de Diálogo multisectorial a principios de año. Desde entonces, cada fracción siguió distintas tácticas.

     La CGT conducida por Daer apeló a la integración de varias de sus figuras cercanas al gobierno justicialista, estrategia que se profundizó a comienzos de mayo con la asunción de Graciela Camaño como Ministra de Trabajo y el ascenso de Alfredo Atanasof a Jefe de Gabinete. Ésta era la forma en que el gobierno intentaba recomponer alianzas ante el fracaso de la estrategia del Frente de la Producción y la renuncia del Ministro de Economía Remes Lenicov unas semanas antes.

     En cambio, esta misma coyuntura fue la que decidió a la CGT conducida por Moyano a romper su apoyo al gobierno, cuando Remes finalmente fue reemplazado por Lavagna y quedó descartada la alternativa de incorporar a Daniel Carboneto (economista del Polo Social) como Ministro de Economía. Esta ruptura desembocó más tarde en la alianza con el ex-presidente y actual precandidato Adolfo Rodríguez Saá.

     Finalmente, luego de la defraudada expec­tativa inicial ante el gobierno peronista reflejada en la reunión del presidente Duhalde con el FreNaPo en enero, la CTA continuó intentando a lo largo del año articular la opo­sición  al  gobierno  a  partir  de la confor­ma­ción de un frente popular junto con otras fuerzas -como Argentinos por una República de Iguales o Autodeterminación y Libertad- para impulsar la revocatoria de la totalidad de los mandatos políticos.

     Como vemos, a pesar de los cambios coyunturales de alianzas, las orientaciones de las distintas centrales sindicales no sufrieron grandes virajes con respecto a las que venían desarrollando antes de la protesta de diciem­bre: las dos CGTs continuaron articulando alianzas a través de distintas tendencias del PJ, con el cambio no menor de que este partido dejó de ser oposición para pasar a ser gobierno, mientras que la CTA continuó intentando articular junto con otras fuerzas sociales un frente popular que significara una profundización de la política ya iniciada a partir del FreNaPo.

     Hay quienes intentan obviar este problema de la siguiente forma: en realidad las conduc­ciones no expresan la efervescencia que real­mente está sucediendo en las bases de esos mismos sindicatos desde la protesta de diciembre; por el contrario, las dirigencias inhi­ben, frenan y traicionan esta mayor eferves­cencia. Sin embargo, esto no sólo no explica porqué las bases continúan expresándose a través de estas dirigencias ni porque esta efervescencia no se cristaliza en una fuerza con un programa alternativo que las reemplace, sino que tampoco permite dar cuenta de la realidad que viven las luchas de los trabajado­res desde diciembre.

     Porque incluso la capacidad de dar una respuesta de conjunto ante la ofensiva capitalista ha disminuido con respecto al año pasado. La capacidad de la clase obrera de articular huelgas generales nacionales dismi­nuyó frente a una ofensiva que de ninguna ma­ne­ra se frenó -sino que, como vimos, aumentó- a partir del cambio de gobierno.

     Recordemos que durante el año 2001, se realizaron 5 huelgas generales antes de la protesta de diciembre7. Dos de ellas fueron lla­madas por las tres centrales sindicales en forma conjunta (la CGT dirigida por Daer, la CGT dirigida por Moyano y la CTA): en julio contra la política del “déficit cero” y en diciembre contra las restricciones bancarias impuestas sobre la disposición de los salarios. Otras dos fueron llamadas en marzo y en junio en conjun­to por la CGT conducida por Moyano y la CTA y la restante, sólo por la CTA en el mes de agosto.

     El contraste con el presente año es evi­dente si tenemos en cuenta que, en lo que va del 2002, sólo se han desarrollado tres huel­gas generales nacionales. La primera llamada por la CGT dirigida por Moyano el 22 de mayo, las dos siguientes convocadas por la CTA los días 29 de mayo y 27 de junio.

     No sólo hubo menos huelgas generales sino que, con respecto al año anterior, aumentó la fragmentación del movimiento obrero. En primer lugar, porque cada una de las huelgas de este año fue convocada sólo por una única central, situación que el año pasado sólo ocurrió en una de las cinco huelgas generales. En segundo lugar, porque ninguna de las huelgas generales sucedidas este año fueron convocadas por las tres centrales en forma conjunta, a diferencia del año 2001 donde esto sucedió en dos oportunidades.

     Por otra parte, no es menor el hecho de que en ninguna de las huelgas generales de este año participara la central sindical que agrupa a las fracciones mayoritarias del movimiento obrero. Por lo demás, los grados de adhesión a las huelgas de este año fueron exiguos con relación a los del año pasado, cuando la adhesión en todos las huelgas era más bien alta (excepto en el paro de agosto llamado exclusivamente por la CTA)8.

     Como se ve, difícil es hablar de un movi­miento arrollador que se encuentre superando, o al menos arrastrando a las dirigencias. Sin embargo, cuando esta realidad resulta innegable, se recurre a otra salida. En realidad, se afirma, el movimiento obrero ocupado se encuentra estancado o replegado pero la verdadera vivacidad se encuentra en el movimiento de los desocupados.

     En general, este último parecía venir man­teniendo un nivel de movilización y de convo­catoria constante, similar al que venía soste­niendo antes de la protesta popular de diciem­bre. Sin embargo, es importante no olvidar introducir en el análisis los siguientes ele­mentos.  Por un lado, la escasa articulación entre el movimiento de desocupados y el movimiento obrero ocupado, que a la fecha continúa relegada a grandes rasgos a la FTV como única organización de desocupados que se articula con una central sindical.  Por otro lado, que el comienzo de año trajo consigo la ruptura de un movimiento que hasta entonces tenía un ámbito de organización conjunta como fueron los congresos piqueteros de junio y septiembre del 2001. La fractura de comienzos de año aumentó la desarticulación del movimiento en torno de un programa unitario, dejando de un lado a la parte mayo­ritaria conformada por la Corriente Clasista y Combativa y la Federación de Tierra y Vivienda y por otro al Bloque Piquetero, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y otros grupos menores9. Por último, aunque no menos importante, es necesario señalar que el nivel de movilización de los desocupados cayó en la segunda mitad del año. Esto puede atribuirse principalmente al hecho de  que sus organizaciones hayan sido finalmente incluidas en la distribución de los planes de subsidios para jefes y jefas de hogar que el gobierno pretendía en principio adjudicar de forma directa. Sin embargo, tampoco habría que subestimar el efecto de amedrentamiento y desmoralización que la represión del 26 de junio tuvo sobre las bases de algunas fracciones de este movimiento.

     En síntesis, ante una ofensiva capitalista redoblada diminuyó la capacidad de los trabajadores de articular un programa conjunto y unitario en defensa de las condiciones de trabajo y de vida de toda la clase trabajadora. La desarticulación y la fragmentación de la lucha parecen pintar un panorama más bien de descenso y repliegue antes que el ascenso y avance esperado desde diciembre.

     Por último, la explicación según la cual esta situación sólo expresa a las dirigencias burocráticas pero no a las bases -las cuales se encontrarían cuestionando gravemente a estas dirigencias-, no da respuesta a toda una serie de hechos en los cuales estos trabaja­dores se alinearon claramente con sus diri­gentes10. En distintas oportunidades las medidas dispuestas por grandes gremios nacionales  fueron apoyadas por sus respec­tivas bases, incluso cuando sus objetivos explícitos implicaban una confluencia con reclamos patronales. Dos acontecimientos sucedidos durante este año son reveladores al respecto.

     El primero, el conflicto petrolero de febrero. A mediados de ese mes, cuando el gobierno intentaba implementar una retención sobre las exportaciones petroleras, las empresas de la rama se opusieron amenazando con cierres y despidos. Los trabajadores petroleros se sumaron a la protesta contra las retenciones mediante un llamado a la huelga y la realización de piquetes11. El paro no llegó a concretarse debido a que el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria ante la posibilidad de que la huelga produjera cortes en el suministro de energía. De todas formas, la protesta adoptó la forma de una serie de manifestaciones multisectoriales en distintas provincias que en Chubut y Santa Cruz llegaron a reunir a siete mil personas12. Esta actitud contrasta con la que se había producido unos días más tarde cuando el Bloque Piquetero reunió un millar de personas para bloquear la entrada de Repsol-YPF en Dock Sud (Avellaneda) en reclamo de cincuenta mil puestos de trabajo efectivos en la rama. En esa oportunidad, los desocupados no recibieron ningún tipo de apoyo de los trabajadores de la planta o de la rama.

     El segundo hecho de características similares, fue la protesta organizada el 14 de junio en forma conjunta por la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción más otras cámaras empre­sariales y asociaciones profesionales ligadas a la rama. La manifestación reunió a unas doce mil personas en reclamo de un plan de inversión en obras públicas como propuesta para la reactivación de una de las ramas más afectadas por la crisis económica (esta rama perdió unos 100 mil puestos de trabajo con respecto al 2001 y un 40% de la inversión sólo en el primer trimestre del 2002)13.

     Ambas protestas fueron pautadas por gremios de trabajadores pertenecientes a ramas centrales de la economía del país en conjunto con sus patronales y tuvieron un alto grado de adhesión. Sirven de muestra para ver cómo en fracciones importantes de la clase trabajadora la presión de la desocupación hace primar la defensa del trabajo propio y la competencia por encima de la unidad de clase con otros trabajadores. En el caso de la protesta petrolera, se impone la unidad con las patronales por encima de la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados.

     Todo esto es lo que nos lleva a confirmar que la protesta popular de diciembre de 2001 no significó un punto de inflexión ni marcó el comienzo de un ascenso en las luchas obreras ni una ruptura en el desarrollo de su conciencia.  Por el contrario, el nivel de frac­cionamiento se ha acentuado con respecto al año pasado tanto entre las organizaciones de los trabajadores ocupados como entre las de los desocupados. Si la unidad entre ambos sectores de la clase trabajadora es una de las condiciones indispensables para poner un freno al acicate de la desocupación, no es difícil comprender el porqué de las dificultades que atraviesa la clase obrera para enfrentar la ofensiva del capital.

 

III)  El rol de las fracciones

        de la burguesía

 

     Y sin embargo, la masividad y la unidad popular manifestadas durante la protesta de diciembre hicieron que muchos vieran en ella la manifestación de un poder popular que a partir de entonces significaría como mínimo un freno importante a las políticas imperantes, ¿acaso el pueblo no se había levantado de conjunto contra la política impuesta por el régimen hasta entonces? ¿Cómo era posible esperar que las fracciones dominantes de la burguesía lograran apenas siquiera recom­ponerse?

     Para comprender esto es necesario ana­lizar precisamente cuáles eran las posiciones de las distintas fracciones de la burguesía antes, durante y después de la protesta de diciembre y comenzar a delinear qué significó la caída del gobierno de De la Rúa y los sucesos posteriores para los intereses de cada una de ellas.

     Recordemos en primer lugar que, para diciembre del 2001, la economía argentina ya llevaba más de tres años y medio de recesión. Como en toda crisis capitalista, esta situación acentuaba las contradicciones entre los diferentes capitales mostrándolas de forma más cruda y abierta. En estas circunstancias la competencia entre los capitales se hace más aguda porque ninguno de ellos quiere ser el que pague el costo de la crisis con la merma de sus ganancias, el aumento de sus pérdidas y su eventual quiebra y desaparición. Todos luchan porque sea el otro el que tenga que caer.

     Las crecientes disputas entre “productivos” contra “improductivos”, que habían signado desde sus inicios al gobierno radical, no hacían más que reflejar esta situación de compe­tencia agudizada. Unos se echaban la culpa a los otros por la situación de la economía. Los industriales ponían el grito en el cielo porque las altas tasas de interés que imponían los bancos ahogaban el crédito para las empresas impidiendo generar las condiciones para el crecimiento y la reactivación de la economía. Los banqueros respondían que las altas tasas se justificaban por los grandes riesgos que implica la inversión en un país como la Argentina donde el peligro de la cesación de pagos de las deudas era creciente.

     Como ya señalamos en otro momento14, más allá del ropaje ideológico con que estas disputas se vistieran, de ninguna manera tenían como objetivo un cambio del “modelo económico”. Principalmente, porque todas las fracciones de la burguesía en disputa habían sido beneficiadas por dicho modelo. Y porque, más allá de sus diferencias, ambas compar­tían que la salida de la crisis pasaba nece­sariamente por un aumento en el grado de explotación de la clase trabajadora que permitiera mejorar la competitividad de la economía argentina (y por ende, retomar el crecimiento de la tasa de ganancia deseado por los “productivos” y generar las condiciones para mantener sana la cadena de pagos deseada por los “improductivos”). Ninguna estaba dispuesta a revertir la ofensiva sobre los trabajadores. Por el contrario, ambas eran conscientes de la necesidad de redoblarla.

     Sin embargo, la prolongada duración de la crisis había dado lugar, hacia fines del 2001 a la disputa entre dos grandes posibles vías que las distintas fracciones de la gran burguesía veían como forma de superar la crisis, según se modificara el tipo de cambio (vía devaluación o flotación) o se lo mantuviera (ya fuera manteniendo la convertibilidad o avanzando hacia la dolarización). La crisis financiera y el conjunto de restricciones bancarias impuestas a partir de diciembre agudizaron la tensión entre ambas posiciones en un clima de creciente malestar popular. La debilidad y la incapacidad del gobierno radical para imponerse sobre esta tensión, resolviendo la disputa hacia un lado o hacia el otro, fue efectivamente canalizada y resuelta luego de la protesta popular.

     Una semana antes del 19 de diciembre, el apoyo al gobierno radical del ala pro-dolarización del Partido Justicialista a través de la visita de Carlos Menem a la Casa Rosada, había dado como resultado la promesa de que el gobierno no devaluaría el tipo de cambio. Parecía cada vez más evidente que el gobierno finalmente terminaría inclinándose hacia la dolarización de la moneda15. Sin embargo, no todos los repre­sentantes políticos de la burguesía estaban convencidos de esta salida: una fracción influyente del propio radicalismo, dirigida por Raúl Alfonsín, y, lo que es más importante, las tendencias mayoritarias del justicialismo, encabezadas por Eduardo Duhalde, avalaban la salida de la convertibilidad de la moneda hacia un nuevo tipo de cambio. La insurrección de fines de diciembre y la consecuente caída del gobierno, permitieron a las fracciones representadas por estos sectores dar un golpe de timón en la política económica. Es elocuente que el mismo día en que De la Rúa se encontraba firmando su renuncia, el PJ ya se encontrara analizando la devaluación del peso.

     Y, aunque las presiones contra la devaluación siguieron siendo fuertes durante el gobierno de Rodríguez Saá evitando que durante su corto mandato se saliera de la convertibilidad16, finalmente estas fracciones terminaron imponiéndose con la llegada de Eduardo Duhalde al gobierno: no sólo la devaluación se hizo realidad con Jorge Remes Lenicov como Ministro de Economía sino que el Grupo Productivo (GP) logró conformar un Ministerio de la Producción propio llevando al titular de la Unión Industrial Argentina a la cabeza del mismo. Así, pocos días después de su asunción, en una reunión con empre­sarios, el presidente Duhalde sentenció: “Se terminó la alianza del poder político con el poder financiero... Gobernará la comunidad productiva”17.

     Aunque el Partido Justicialista se venía preparando desde tiempo antes para la eventualidad de un recambio presidencial imponiendo un vicepresidente propio que ocupara el primer lugar en la sucesión en caso de una posible acefalía18 y aunque numerosas veces fue denunciado el papel de punteros peronistas en la organización de los saqueos que comenzaron desde los primeros días de diciembre, no es nuestra intención dar a entender una explicación complotista de lo sucedido a fines del 2001. Sólo intentamos resaltar que la protesta sirvió efectivamente a algunas fracciones de la burguesía y a sus representantes políticos para dar un viraje político en medio de una situación por demás compleja. No tanto porque la protesta se hubiera organizado como una suerte de “complot” contra De la Rúa, sino más bien, porque dada la situación, eran estas fracciones la que se encontraban mejor preparadas para aprovechar la coyuntura y hacer jugar a su favor las fuerzas desatadas.

     Los hechos posteriores demostraron que tan representativas de los intereses del conjunto de la burguesía “productiva” resultaron las medidas del “frente de la producción” anunciadas en enero con bombos y platillos. Y, más aún, cuanto la representación de la disputa en términos de “productivos contra improductivos” no era más que un reflejo distorsionado de las disputas interburguesas.

     Desde su creación el Ministerio de la Producción encontró el rechazo de la Sociedad Rural Argentina y de las grandes empresas petroleras. Ambas advertían la posibilidad de que el nuevo gobierno implementara retenciones sobre sus exportaciones.  Sin embargo, es verdad que, aunque estas fracciones del capital son de hecho productivas, en la disputa ideológica siempre habían sido ubicadas por el GP del lado de los improductivos  Pero aún así, cuando esas retenciones se hicieron reales y se extendieron en distintos grados a la mayor parte de las exportaciones, se acentuaron las tensiones incluso al interior del propio GP. Varias industrias automotrices y agroali­mentarias criticaron la medida públi­camente. Finalmente, Confederaciones Ru­rales Argen­tinas -una de las cámaras integran­tes del GP- terminó organizando junto con la Federación Agraria Argentina un lockout de las patronales rurales, evaluando que se había terminado “la alianza del gobierno con el campo”19.

     Esto dejó al descubierto que la política devaluacionista no sólo no lograba representar los intereses del conjunto de la burguesía, sino que ni siquiera representaba a aquellas fracciones que se habían alineado con el GP y la UIA. Porque, aunque por un lado la devaluación había favorecido los ingresos de las fracciones exportadoras de la burguesía, por otro significaba una depreciación de los activos en el país del conjunto de las empre­sas, un encarecimiento de los costos para aquellas que producían con una proporción grande de insumos importados y un aumento brusco de las obligaciones a pagar de las empresas endeudadas en dóla­res con el exterior20. 

     Esta situación, más la incapacidad para resolver la crisis financiera y poner fin a la recesión, fue la que marcó la caída de la gestión de Remes Lenicov y de Mendiguren a fines de abril. Este fracaso de la gestión del “frente de la producción” incidió en la reconfiguración de los alineamientos al interior de la burguesía. Para fines de mayo, hizo su presentación pública la Asociación Empresaria Argentina, organismo resultante de la fusión del Consejo Empresario Argentino y la Fundación Invertir. Al momento de su conformación, la nueva organización reunía a empresas que sumaban cerca de un 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina21. Es decir, se conformaba una organización empresarial que representa al capital más concentrado del país. Pero no sólo eso, sino que entre sus 55 miembros se encuentran tanto exponentes del capital industrial nacional, entre ellos Arcor, Techint, Loma Negra, el Grupo Clarín, Laboratorios Bagó, IMPSA o el Grupo Bemberg, como de la banca, los servicios y el capital extranjero en general, como Repsol-YPF, Bankboston, Telecom, Aguas Argentinas, Telefónica, Edenor, Bayer o Volkswagen.

     Así, este nuevo agrupamiento ha dejado en el olvido la vieja letanía del capital productivo y nacional contra el capital bancario y las empresas privatizadas extranjeras, que hasta hace poco tiempo parecía ordenar la vida política y económica del país. Y, por sobre todo, marca un grado de mayor unidad en la organización de los intereses de la gran burguesía.

     A menos de un año de la caída del gobierno radical, el capital concentrado ha limado asperezas internas y ha alcanzado una mayor unidad en torno de las políticas a seguir: la conformación de un Estado eficaz y austero, el refuerzo de las políticas de exportación, la eliminación progresiva de  las retenciones, evitar los riesgos del colapso de la infraes­tructura y la consecuente re-estatización de las empresas privatizadas y el acuerdo con los organismos multilaterales de crédito22. 

     La única forma de que este grado de unidad de los grandes capitalistas en sus objetivos pudiera ser contrarrestada no puede pasar sino por la oposición de una fuerza popular con un proyecto político propio, la cuestión es: ¿fue esto lo que se expresó en o se constituyó luego de la protesta de diciembre?

 

IV)  La ausencia de una

        alternativa política superadora

 

     A pesar de las expectativas que se generaron alrededor de la protesta de diciembre resulta difícil aseverar que a partir de ella se haya generado una alternativa política superadora. Sin embargo, muchos quisieron ver las asambleas barriales que surgieron a partir de entonces como la encarnación de esta alternativa política: ya fuera porque se viera en ellas la constitución de un “nuevo sujeto social” o directamente de organismos de contrapoder que señalaban el comienzo de una revolución popular y socialista23.

     Sin embargo, más allá de estas aspiracio­nes, las asambleas nunca llegaron a elaborar un programa político alternativo que reem­plazara a los vigentes hasta entonces. Princi­palmente, porque no se habían impuesto este objetivo: ninguna de ellas se proponía reor­ganizar el país sino simplemente articular y expresar distintas demandas elementales populares que desde hacía tiempo venían siendo relegadas, así como organizar distintas actividades que permitieran resistir el ataque del capital contra las condiciones de vida en los barrios. Por eso, aquellas asambleas que sobrevivieron a los primeros fervores fueron las que mejor se organizaron para canalizar estas reivindicaciones bajo la forma de merenderos, huertas, actividades culturales, compras comunitarias y hasta salas de prime­ros auxilios barriales24. 

     Todos los intentos de imponer un programa político a las asambleas fracasaron porque la propia heterogeneidad política del movimiento hacía imposible la unificación en torno de un programa que articulara una salida a la crisis económica o una propuesta alternativa de régimen político. Su única reivindicación ho­mo­génea y general era la que se sintetizaba en la consigna “que se vayan todos”.

     Esta consigna expresaba la unidad en el repudio, la disconformidad y el agotamiento ante la profundización de la opresión. En este sentido, la unidad del movimiento estaba dada por la negativa. El acuerdo general consistía básicamente en la oposición a las políticas dominantes en los últimos años, y por eso, para cada tendencia participante el “que se vayan todos” significaba distintas cosas. Para algunos representaba la oposición a las políti­cas liberales, para otros, el cuestionamiento al capitalismo mismo, para la mayoría segu­ramente sintetizaba simplemente un rechazo a las dirigencias corruptas más allá de su signo político.

     De ahí la dificultad de avanzar más allá del “que se vayan todos” hacia un programa polí­tico propositivo. Al poco andar comenzaban las diferencias y las dificultades para resol­verlas. Sin resolución posible, la Asamblea Interbarrial terminaba, en el mejor de los casos, yuxtaponiendo alternativas diferentes e incluso antagónicas: por caso, cuando en una misma asamblea en febrero se llegó a resolver a la vez que el pueblo gobernara a través de las asambleas populares, el llamado a elecciones presidenciales en forma inmediata y la elección de una Asamblea Constituyente. Cuando incluso esta yuxtapo­sición resultaba imposible, la cuestión se dirimía en una lucha entre facciones sin resolución unitaria posible. Así se desarrolló la disputa en torno a la organización del acto del 1° de mayo que terminó marcando el comienzo del declive de la asamblea interbarrial.

     Por lo demás huelga decir que las asam­bleas no contaban con el poder real para imponer un programa político. No contaban con la fuerza material para imponerse por sobre la burguesía y su Estado.

     Esto no pretende negar el papel que tuvieron las asambleas barriales en la organización de una parte importante del descontento social. Esto se llegó a plasmar en su adhesión a medidas de protesta masivas, como la marcha del 24 de marzo en repudio al golpe de Estado de 1976 o la del 9 de julio en conmemoración del día de la independencia. Sin embargo, no es cierto que estas movilizaciones hayan sido mayores que otras similares anteriores a diciembre. Por caso, la marcha del 24 de marzo del año pasado ya había reunido a unas 50 mil personas y, aunque en ese año no se había realizado una movilización en ocasión del día de la independencia, la marcha contra el ALCA organizada en mayo del 2001 - cuyo sentido antiimperialista era semejante - había convocado entonces como mínimo a unas 20 mil personas, cifra similar a la movilizada en julio de este año.

     Es verdad que estos hechos -y los consi­guientes alineamientos políticos que impli­caron- plantearon al interior de las asambleas una naciente discusión política. Y, por ende, la generación de ciertas condiciones para el debate sobre las distintas alternativas del movimiento popular. Pero nos engañaríamos a nosotros mismos si hiciéramos pasar esta incipiente discusión por un programa político acabado. En términos generales, aún hoy resulta difícil para este movimiento avanzar desde esa conciencia embrionaria manifes­tada de manera negativa en el “que se vayan todos” hacia un programa reivindicativo propositivo que articule las demandas de los diferentes barrios.

     En todo caso, esta situación nos continúa advirtiendo que la movilización, la organización y la lucha generan las condiciones que hacen posible la elaboración de una alternativa política, pero no generan por sí mismas necesaria y espontáneamente esa alternativa. Y menos aún, el hecho de que esta alternativa tenga un carácter revolucionario.

 

V) La posibilidad del recambio burgués

 

     Esta ausencia de un programa alternativo se expresó también en el hecho de que las representaciones políticas de las masas, salvo excepciones - como la caída en desgracia del radicalismo- , continuaron siendo las mismas después de diciembre. Aunque muchas veces se quiere ver en el creciente voto en blanco o impugnado y en el ausentismo en las elec­ciones, un rechazo manifiesto a las expresio­nes políticas de la burguesía, lo cierto es que es difícil reducir estos fenómenos exclusi­vamente a un avance hacia posiciones polí­ticas progresivas de quienes se expresan de esta manera. No es poco probable que dentro de esta masa existan sectores que estén expresando cierta desmoralización ante la falta de alternativas populares, cuando no un rechazo de signo abiertamente derechista hacia el sistema parlamentario. Tampoco puede descartarse que se trate de lisa y llana indiferencia.

     Para el resto del electorado, que sí concurre a las urnas, las representaciones políticas continúan girando mayoritariamente en torno del Partido Justicialista, aún a casi un año de que este partido se hiciera cargo del gobierno.

     Incluso el rechazo mismo a los políticos expresado en el “que se vayan todos” ha intentado ser cooptado por distintos partidos burgueses, tanto de la oposición como del oficialismo. Los sucesivos intentos del ARI, al principio junto con la fracción del PJ liderada por Néstor Kirchner y el FrePaSo Capital, y luego en el “Espacio Ciudadano” constituido junto con Autodeterminación y Libertad y la CTA, no hacen más que expresar este hecho.

     Tampoco hay que menospreciar lo suce­dido en septiembre en la provincia de Santiago del Estero, donde el mismo PJ supo canalizar el “que se vayan todos” hacia una reforma política y una elección donde triunfó con el 70% de los votos emitidos. Cierto es que no se puede dejar de señalar que el 45% del padrón no concurrió a la votación. Pero esto es lo que nos advierte precisamente del límite inherente de esta política negativa: el llamado a “que se vayan todos” en una situación en que las masas no levantan un programa político alternativo, termina favoreciendo el recambio, cuando no directamente la oxigenación de las viejas opciones existentes.

     Esto cuestión es central porque, muchas veces se ha presentado como un avance en sí mismo el rechazo al conjunto de los dirigentes políticos, tanto se expresara en forma general en el “que se vayan todos” como en el rechazo a un determinado político particular bajo el “Fuera Mengano”. Y sin embargo, la historia reciente de nuestro país nos demuestra que, una y otra vez, la ausencia de una alternativa política de masas, hizo que esta consigna terminara objetivamente avalando el recambio burgués. Así como el “Fuera López Murphy” nos trajo a Cavallo, el “Fuera Cavallo” nos trajo a Remes Lenicov y el “Fuera Remes” nos trajo a Lavagna; de la misma manera, el “Fuera Menem” nos trajo a De la Rúa y el “Fuera De la Rúa” nos trajo a Duhalde.

     Más que a un avance, las consecuencias de esta política llevaron a: en primer lugar, retener al movimiento dentro de los límites impuestos por una política negativa sin avanzar hacia la elaboración de un programa propositivo. En segundo lugar, velar la in­fluencia de las fuerzas sociales que efecti­vamente intervienen en esos recambios y que operan utilizando como masa de maniobra a la movilización popular25.  En tercer término, no avanzar en la conciencia de que las causas de la miseria popular se encuentran en las raíces mismas del funcionamiento del sistema capitalista. Por el contrario, se refuerza la idea de que el problema no es inherente al orden social sino que se debe la corrupción de sus representantes. Por último, como dijimos, todo lo anterior termina coadyuvando a generar las condiciones que abren la posibilidad de un recambio político al interior del régimen dominante.

     Efectivamente, la masividad y la fuerza de la protesta de diciembre no impidieron que nuevamente se generaran las condiciones para un recambio político al interior del régimen burgués.

 

Conclusión

 

     ¿Qué balance debemos hacer, entonces, de los sucesos de diciembre del año pasado?

     En primer lugar, nos deja una vez más la enseñanza de que el derrocamiento de gobiernos nacionales incluso cuando son producidos con la movilización de grandes masas de la población, no necesariamente significan un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases. Así nos lo demos­traron la experiencia reciente en otros países como Paraguay, Ecuador, Brasil o Perú. Y así nos lo demostró ante nuestros propios ojos la experiencia de nuestro país en diciembre.

     El hecho de que este fenómeno se haya producido en otros países nos indica que su carácter no es excepcional sino más bien propio de las sociedades modernas. Antonio Gramsci26 daba a este tipo de situaciones el nombre de “crisis de hegemonía” y las des­cribía como los momentos históricos en que “los grupos sociales se separan de sus parti­dos tradicionales. Esto significa que los partidos tradicionales, con la forma de organi­zación que presentan, con los determinados hombres que los constituyen, representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella”.

     Obviamente era consciente de que estas situaciones no necesariamente implicaban una salida revolucionaria (o, en sus propias palabras, “orgánica”). Por el contrario, reforzaban “la posición relativa del poder de todos los organismos relativamente indepen­dientes de las fluctuaciones de la opinión pública”. Por eso, este tipo de coyunturas, a la par que significaba la crisis de los partidos tradicionales, reforzaba la posición relativa de las “altas finanzas”.

     De hecho, la forma en que se resolviera esta crisis dependía de la situación y la capacidad de cada clase social para dar respuesta inmediata ante esa coyuntura: “La crisis crea peligrosas situaciones inmediatas porque los diversos estratos de la población no poseen la misma capacidad de orientarse rápidamente y de reorganizarse con el mismo ritmo. La clase dirigente tradicional, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas: si es necesario hace sacrificios, se expone a un porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas, pero se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para destruir al adversario y dispersar a su personal directivo que no puede ser muy numeroso y adiestrado”.

     De ser cierto esto, nos lleva necesaria­mente a reflexionar precisamente sobre cuál era la situación de las distintas clases sociales en nuestro país y por ende, cual era su capacidad de intervenir ante la coyuntura planteada.

     Como vimos, fueron algunas fracciones de la capa más concentrada de la burguesía las que se encontraban en mejores condiciones para aprovechar la situación. No así, el movimiento popular y menos aún la clase trabajadora, ya que no contaban ni con un programa alternativo que oponer al de la gran burguesía ni la fuerza con la cual imponerlo. De hecho, casi un año después del 19 y 20 de diciembre, la gran burguesía se encuentra más unificada en torno de un programa conjunto mientras que el pueblo y los trabajadores se encuentran más desarti­culados y sin haber podido avanzar desde el repudio inicial expresado en el rechazo a los dirigentes tradicionales en el “que se vayan todos”.

     Esto no significa que los trabajadores y el pueblo no hubieran podido aprovechar de ninguna manera la situación vivida, sino que la forma de aprovecharla no podía ser ajena al estado de las fuerzas con las que se encon­traban en ese momento. Por eso, cualquier estrategia que planteara la revolución, el cambio de régimen de acumulación o el gobierno de las asambleas en forma inmediata estaba condenada al fracaso. En primer lugar, porque en tanto no existía programa alternativo propio que imponer, se terminaba alimentando objetivamente el recambio burgués. En segundo lugar, porque se terminaba desgas­tando la propia fuerza en un sinfín de activi­dades que llevaban a un callejón sin salida27.

     Esto de ninguna manera significa que lo sucedido haya sido en vano, que hubiera dado lo mismo que esto ocurriera o que no. Los hechos de diciembre mostraron a las masas las potencialidades de una movilización popular, la posibilidad de superar el miedo impuesto por años de terror (a la represión, a la hiperinflación, a la desocupación, etc.) y la necesidad de confiar en las propias fuerzas. A la vez, dejaron el saldo de una serie de nuevos organismos barriales, las asambleas populares, que permitieron, tanto organizarse para resistir de mejor manera la miseria imperante, ya sea a través de huertas colec­tivas, merenderos, centros de atención a la salud, centros culturales, etc., como canalizar la lucha reivindicativa en torno de reclamos populares sentidos: contra el aumento de pre­cios y tarifas, contra la represión policial, contra el desempleo, etc.

     Pero lo sucedido nos obliga a reflexionar sobre una serie de implicancias que tienen este tipo de acontecimientos en perspectiva al futuro.

     En primer lugar, que este tipo de aconte­cimientos que implican la participación espon­tánea y masiva de la población, no se pueden organizar a gusto. Por eso la política no puede estar determinada por el intento de generar una situación semejante: otro 19 y 20 de diciembre u otro Argentinazo. Por el contrario, debe orientarse a buscar la manera de lograr el mejor saldo político y organizativo posible tanto que estos hechos vuelvan o no a repe­tirse en el futuro inmediato.

     En segundo lugar, no subestimar la fuerza del enemigo y su capacidad de sobreponerse a una situación de estas características. Más aún, evaluar en su grado justo el necesario efecto de desánimo y desmoralización que ejerce sobre la población movilizada el hecho de que el triunfo de su propia movilización signifique una salida regresiva con respecto a la situación en la que ya se encontraba anteriormente.

     Finalmente, la necesidad de romper los límites de la política negativa expresada en el “que se vayan todos”. Avanzar en un programa propositivo amplio que exprese en forma unitaria las demandas y reivindicaciones populares. Que permita acumular la fuerza necesaria para articular la resistencia y comenzar a revertir esta etapa de retroceso y que brinde el marco necesario para la construcción de una herramienta política que permita a los trabajadores superar la sociedad de clases y todas sus miserias.

 

David Ato

Octubre de 2002

 

 

1 En el Suplemento de Debate Marxista  “El levantamiento popular contra De la Rúa - Cavallo” publicado en enero de 2002 y luego reeditado en la revista Debate Marxista N° 4, de abril del mismo año.

2 Página/12, 08/05/02.

3 Clarín, 24/05/02.

4 Clarín, 19/08/02.

5 Clarín, 26/07/02.

6 Incluso algunas organizaciones mayoritarias del movimiento de desocupados, como la CCC, dieron una tregua al gobierno de Rodríguez Saá.

7 Las huelgas fueron llamadas en las siguientes fechas por las siguientes centrales sindicales: 21 de marzo y 8 de junio por la CGT (Moyano) y CTA, 19 de julio por las dos CGTs y la CTA, 8 de agosto por CTA y 13 de diciembre por las dos CGTs y la CTA. No contamos la huelga llamada por las tres centrales durante el mismo 20 de diciembre, ya que quedó subsumida dentro de la protesta general.

8 La adhesión al paro de la CGT conducida por Moyano en mayo fue baja, principalmente porque los mismos gremios del transporte no pararon. A la marcha convocada para el mismo día por esa central concurrieron unas cinco mil personas, según los medios. Sobre los paros convocados por la CTA no aparecen publicadas cifras, pero sí con respecto a las movilizaciones convocadas para esos mismos días. Se habla de una adhesión masiva a las concentraciones y movilizaciones en el interior del país, pero baja en la Ciudad de Buenos Aires durante el paro del 29 de mayo. A la movilización del 27 de junio, llamada en conjunto con otras fuerzas en repudio a la represión policial del día anterior, concurren unas 14 mil personas. Sin embargo, de los principales gremios que conforman la CTA, sólo participa ATE, siendo notoria la ausencia de la CTERA y la FTV.

9 Que esta fragmentación genera peores condiciones para la lucha en conjunto se ve confirmado por el intento del gobierno de aprovechar esta situación para enfrentar a ambos sectores. La discriminación de la política del gobierno entre un ala “violenta” y otra “no violenta” de los piqueteros intentó preparar el clima y el consenso social para la represión del 26 de junio en Avellaneda que dieron como resultado la muerte de dos piqueteros de la CTD Aníbal Verón a manos de las fuerzas policiales.

10 En ciertas ocasiones, se presenta el fenómeno de las ocupaciones de fábricas como indicador de esta situación. No analizamos este fenómeno aquí ya que, más que un producto de la protesta de diciembre, es consecuencia del crecimiento de la desocupación abierta durante la última década y su acentuación durante los últimos cuatro años de crisis económica. Por esta razón, merece un tratamiento aparte y más específico. Aquí sólo señalaremos lo siguiente. En primer lugar, la amplitud del fenómeno, aunque importante, es limitada: abarca a unas 100 empresas en todo el país. Se estima que esto representa unos 10 mil puestos de trabajo (Clarín, 01/09/02) sobre un total de más de 3 millones de desocupados. En segundo lugar, que no todas expresan un rechazo a la dirigencia tradicional, hecho que queda expresado en la división entre el Encuentro Nacional de Empresas Ocupadas y el Encuentro Nacional de Empresas Recuperadas. En este último, participaron dirigentes de la UOM y de la CTA. Finalmente, muchas veces se pretende ver en estas situaciones una ofensiva de los trabajadores sobre el capital (semejante a la formación de consejos de fábrica) cuando en realidad se trata de luchas defensivas contra la pérdida de la fuente de trabajo. Precisamente, por esta razón, los trabajadores luchan por ser reconocidos legalmente bajo la forma de cooperativas o por la estatización de las empresas.

11 Alberto Roberti, titular de la Federación Argentina de Sindicatos del Petróleo y Gas Privados, advirtió en esa oportunidad que “las petroleras son empresas petroleras son empresas internacionales muy fuertes que se van a ir de la República” y, alineándose con la postura de los empresarios, denunció que la decisión oficial de implementar retenciones “ya produjo diez mil despidos y suponemos que para mayo cerrarán todos los yacimientos, dejando a treinta y dos mil trabajadores en la calle” (Página/12, 18/02/02).

12 Página/12 (20/02/02) la califica como la movilización más grande en la historia de la Patagonia.

13 Clarín, 20/06/02.

14 David Ato, “Argentina 2001: ¿agotamiento del modelo?”, Debate Marxista N° 3, Segunda Época, Septiembre de 2001.

15 “Un festejo sobrio”, Clarín, 14/12/01. Allí se informa de la reunión entre Menem y varios empresarios para transmitir la promesa: “el presidente me pidió que les transmita que no devaluará”.

16 No hay que olvidar el viaje del ex presidente español Felipe González durante esos días como delegado de las empresas españolas - uno de los países de origen de una gran parte de las inversiones extranjeras en la Argentina - para presionar contra la devaluación planeada.

17 Página/12, 05/01/02.

18 A fines de noviembre del 2001, el peronista Ramón Puerta había sido elegido como presidente del Senado y virtual vicepresidente.

19 Clarín, 05/03/02.

20 Según los balances presentados en la Bolsa, la devaluación le costó a las 100 empresas no bancarias más grandes del país cerca de unos $ 65 millones (Clarín, 01/09/02).

21 Clarín, 28/06/02.

22 “Documento de la Asociación Empresaria Argentina: Los empresarios plantean cinco cuestiones clave”, Clarín, 05/09/02.

23 Algunas de las caracterizaciones que hacemos aquí ya fueron planteadas por Octavio Colombo en “Asambleas populares: algunos elementos para su caracterización” en Debate Marxista N° 4, abril de 2002.

24 Inclusive algunas asambleas, como las de Flores, llegaron a tomar una clínica abandonada con el objetivo de poner en funcionamiento una “obra social” que cubriera las necesidades sanitarias del barrio.

25 En este sentido llama la atención como, por ejemplo, se pone el acento en que la movilización de unas tres mil personas puso fin al ministerio de Remes Lenicov en abril, omitiendo los realineamientos burgueses que se operaron ante al fracaso de la política del “Frente de la Producción”.

26 Ver “Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en los períodos de crisis orgánica”, en “Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno”.

27 Por ejemplo, una de las formas que asumió este desgaste fue la movilización semanal que se realizó desde principio de año hasta mediados de marzo todos los viernes a Plaza de Mayo con el objetivo de reproducir lo sucedido el 19 y 20 de diciembre. La ausencia del resultado previsto llevó a la desmoralización de una parte importante del movimiento. Incluso es importante señalar que el gobierno apostaba a este desgaste: por entonces el presidente Duhalde declaraba que apostaba a “desactivar la bomba, en lugar de hacerla estallar”.