La situación nacional

y las tareas de la izquierda revolucionaria

 

Introducción

 

En lo que sigue presentamos un análisis de la coyuntura política y cuestiones de táctica para la organizaciones de la izquierda revolucionaria.

     En líneas generales afirmamos que en los últimos meses ha tendido a consolidarse la ofensiva sobre las  fuerzas del trabajo y los sectores populares. La flexi­bilización laboral se ha impuesto en todos lados, las conquistas laborales continuaron perdiéndose, y la baja salarial se hizo de manera rápida y brutal vía devaluación e inflación. Es un dato ineludible del análisis decir que ante estos avances del capital no hubo reacción alguna apreciable por parte del trabajo. En lo que respecta a la rebelión de sectores de las clases medias, que en diciembre salieron a las calles indignadas con el corralito y desesperadas por la crisis, ha menguado notablemente. La participación popular en las Asambleas barriales ha caído en forma notoria, los cacerolazos, que en principio se proyectaron como semanales y «guardianes del triunfo del 20 de diciembre», fueron perdiendo fuerza y terminaron desapareciendo. Como desarrollamos luego, la consiga que motorizó el movimiento -«que se vayan todos»- contribuyó a que terminara en un callejón sin salida, dada la ausencia de una alternativa política superadora de lo existente desde la clase obrera. Los movimientos piqueteros continúan constituyéndose en un punto referencial de las luchas, pero no logran torcer la tendencia de conjunto.

     Es sobre la base de esta falta de acción de la clase obrera,  que la economía ha comenzado a dar tímidos pasos hacia la superación de la depresión, y la burguesía procura avanzar en dirección de la salida electoral, a partir de la cual trataría de relegitimar el poder político. Por supuesto de estos hechos no debería deducirse que la clase dominante haya logrado superar la crisis política, o que la crisis económica haya quedado atrás. De conjunto la crisis económico-social y política es gravísima. Pero se advierte que su resolución no va «hacia la izquierda» (ni siquiera hacia un modelo de acumulación populista-nacionalista), sino hacia un régimen burgués represivo, con una democracia formal ultra recortada, levantada sobre un mar de intensa miseria y aguda explotación de los trabajadores. Esta es la tesis central de este trabajo. Al respecto, puntualizamos tres cuestiones (que hemos desarrollado con mayor amplitud en otros escritos):

 

     En primer lugar, hay que constatar una vez más que no existe «crisis sin salida» del capitalismo. A medida que se impone la baja de salarios, que se opera una masiva devaluación y quiebra de capitales, y pérdida de patrimonios de amplias franjas de las clases medias, se llega a un punto en que la caída de la economía «toca fondo» y comienzan a darse las condiciones para que el capital retome la acumulación. Con el telón de fondo, por supuesto, del empobrecimiento masivo y el hambre generalizada, la burguesía siempre encuentra nuevas oportunidades de inversión y de realizar plusvalía. De aquí que en la medida en que la clase obrera no acabe de manera revolucionaria con el capitalismo, hay que ser consciente de que éste no saldrá de la escena histórica. La tesis del «colapso definitivo», de la agonía automática y terminal (tan en boga en muchos ambientes) debe ser rechazada de plano, por cuanto no permite advertir las tendencias que están operando. Es palabrería vacío que tiene consecuencias graves en política.

 

     En segundo término, se constata que la crisis económica no genera por sí misma «conciencia revolucionaria»; como tampoco lo hace la simple lucha «contra los corruptos» o por el mero cambio de los gobiernos de turno. La crisis y las moviliza­ciones crean mejores condiciones para el debate y la intervención de los marxistas, así como para la difusión de las consignas de izquierda (siempre que sean acordes con la evolución política de las masas). Pero las alternativas superadoras del sistema capitalista no pueden surgir espontáneamente de la simple vivencia de la crisis o de la lucha. Esto explica, por ejemplo, que los ahorristas que se movilizaron, lejos de sacar conclusiones anti-capitalistas acerca de lo que les había sucedido, terminaron pensando que el problema son los gobiernos que no defienden la propiedad privada, y erigieron en líder a un personaje de derechas, como Nito Artaza.

 

     En tercer lugar, y vinculado con las dos cuestiones que acabamos de señalar, toda crisis «exige» una resolución hacia la derecha o la izquierda. No es «neutra», las cosas no quedan igual que antes de la crisis. Las resultantes siempre son relaciones de fuerza entre las grandes clases sociales; relaciones que se estabilizan durante períodos más o menos largos y abarcan tanto el plano económico social, como el ideológico y político. La crisis de 1975, por ejemplo, se dio en el marco de luchas obreras importantes, y se resolvió en una derrota física de la clase obrera vía dictadura militar. La crisis de 1989-90 se desarrolló en medio de una profunda desorientación de la clase obrera (que no supo ni pudo responder a la hiperinflación con un programa supe­rador) y se resolvió en el menemismo y el apoyo de la burguesía a esa salida. La estabilidad que logró la burguesía hasta fines de la década, a pesar de los ataques repetidos sobre las conquistas obreras, se explican en buena medida por la forma en cómo se resolvió aquella crisis. En estos momentos comienza a advertirse que la crisis tiende a resolverse con una nueva profundización del ataque del capital a la clase obrera; ahora con el trasfondo de un movimiento obrero que se encuentra paralizado frente al abismo de la desocupación masiva y la depresión económica.

     Teniendo esto en mente, pasamos revis­ta ahora a algunas de las cuestiones fundamentales que conforman la coyuntura. 

 

La crisis económica

 

En los dos últimos meses ha tendido a estabilizarse la situación luego de la violenta caída del PBI -casi un 15%- en la primera mitad del año. Gracias a la sustitución de importaciones, y a cierto repunte en algunas actividades ligadas a la exportación (ejemplo en frigoríficos, ovinos, apicultura, aceites, calzado, madera) comenzaron a aparecer indicado­res levemente positivos en relación a los meses inmediatos anteriores en la actividad industrial, aunque hay que puntualizar que la tendencia no es definitoria. Es que la devaluación no ha producido, hasta el momento, el esperado por muchos boom expor­tador. De hecho, en el primer semestre del año las exportaciones se contrajeron un 7%, debido a una baja de los precios del 8% y un muy pequeño aumento del volumen, del 1%. En parte estos resultados están influenciados por la retención de los productores de soja; también pueden estar incidiendo maniobras de subfactu­ración por parte de los exportadores. Sin embargo lo más importante es que la salida de la crisis vía aumento de las exportaciones (salida a la que se jugaban los devalua­cionistas) está muy trabada por la falta de crédito, y por el momento no se ve.

     En cuanto al sistema financiero, hay que reconocer que, por el momento, la espiral descendente se ha frenado. El drenaje de fondos de los bancos ha disminuido su ritmo en relación a los primeros meses del año; los depósitos están empezando a volver a los bancos. Sin embargo, estos elementos todavía son muy contradictorios; por ejemplo, los depósitos se han estado incrementando, y el dólar se ha mantenido estable, pero a costa de tasas de interés altísimas, que en un plazo mediato son incompatibles con una fuerte recuperación económica. Además, el crédito para la producción todavía sigue cortado, mientras millones de miles de dólares se mantienen en cuentas en el exterior o inmovilizados «debajo del colchón» en el país.

     En lo que hace a la deuda externa, al momento de escribir estas líneas se comenta con insistencia que el Gobierno estaría acercándose al acuerdo con el FMI, que consistiría en una refinanciación de las deudas con los organismos internacionales (FMI, BM, BID) hasta la asunción del próximo gobierno. Esto permitiría un alivio momentáneo (hasta el momento se han pagado casi 4.000 millones con las reservas). Pero entre las condiciones del FMI figura el compromiso de iniciar ya las discusiones con los acreedores privados internacionales. La suma total de deuda con los acreedores privados externos es de 56.000 millones de dólares; la mora (por pago de intereses y capital) alcanza los 7.500 millones. Aun con quitas de capital o intereses, las transferencias netas de capital a las que se comprometería el Estado argentino en los próximos años serían superiores al 2% del PBI, por lo menos[1]. Esto implicará constantes transferencias de recursos en términos reales (esto es, dólares conseguidos con superávit comercial, dado que no hay ninguna posibilidad de que vengan nuevos capitales en préstamo). Un costo inmenso en términos de pobreza y explotación de los trabajadores para mantener la inserción de la economía capitalista en los mercados de capitales internacionales. Recordemos también que a la deuda pública se suma la deuda privada en dólares de las empresas radicadas en el país, de capital nacional y extranjero. Sólo en lo que resta del año los vencimientos (por capital e intereses) suman casi 3000 millones de dólares.

     De conjunto se conforma entonces un panorama complejo, donde la tendencia a la recuperación aún no se ha asentado y las contradicciones explosivas siguen latentes y «a flor de piel». Pero no se puede descartar que haya comenzado un ascenso lento de la actividad económica, que podría dar aire al desarrollo de la política burguesa. 

 

Las tensiones interburguesas

y la alternativa del capital

 

Es claro que a lo largo de estos meses se han venido agudizando y extendiendo las  fricciones entre las fracciones del capital. Algunas de las más significativas: las empresas de servicios públicos pugnan por una suba generalizada de las tarifas internas y han paralizado las inversiones y comenzado a despedir trabajadores. Los bancos reclaman al Estado un resarcimiento por las pérdidas que les ocasionó la pesificación asimétrica entre los créditos y los depósitos (reclamo del que se hace eco el FMI y tiene graves repercusiones en muchas instancias del aparato estatal). Los sectores ligados a la exportación rechazan los proyectos de nuevos impuestos (subas a las retenciones, gravámenes para reac­tivar la construcción naviera local, etc.). El transporte público exige más subsidios por la suba de los precios de los combustibles. Los agrarios rechazan la rebaja del IVA, y buscan ayuda para la refi­nanciación de sus pasivos en dólares. En un plano más general, mencionemos los conflictos que siguen abiertos entre los acreedores y deudores; entre ahorristas y bancos; entre comerciantes y empresas proveedoras (por el defasaje que se produjo entre los precios mayoristas y minoristas). A nivel internacional avanzan acciones judiciales contra el Estado argentino, como las que han encarado los pequeños y medianos inversores italianos poseedores de títulos de la deuda argentina (alrededor de 350.000). Todo esto configura un panorama extremadamente complejo y frágil; en cualquier momento el «veranito» de estabilidad en el fondo del pozo por el que está pasando la economía argentina podría quebrarse, y producirse una nueva espiral descendente de la crisis. Pero más importante, abre escenarios de conflictos en casi todas las instancias políticas e instituciones del Estado, en un cuadro de descrédito profundo de los partidos y de los candidatos ante la población. Entre ellos, los enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo con el poder Judicial y los choques entre la administración nacional y las provinciales por el manejo de los presupuestos, son posiblemente los más importantes.

     Sin embargo, a pesar de la profundidad de estos roces y encontronazos, no se asiste a un enfrentamiento entre proyectos de acumulación burguesa globalmente alternativos. Hasta el momento se constata que los choques son porque cada fracción quiere «salvarse» en lo posible de pagar los costos de la crisis, y trata de descargarlos sobre otros. Pero por ningún lado se advierte que haya una fuerza burguesa apreciable detrás de un proyecto de acumulación basado, por ejemplo, en una nueva estatización de los servicios públicos, o en una redistribución populista del ingreso en acuerdo con los sindicatos para reactivar un mercado interno protegido. Al respecto, es significativo que sea López Murphy, un personaje profundamente consustanciado con el más ortodoxo neoliberalismo, quien mejor represente los intereses de la burguesía en su conjunto.

     Aclaramos que cuando hablamos de «la burguesía» no nos referimos sólo a la Bolsa de Comercio, a la Sociedad Rural, a la Asociación Empresaria Argentina (que agrupa a los capitales más concentrados nacionales y extranjeros), o a las Cámaras empresariales más importantes (como la de la Alimentación), sino también a la propia Unión Industrial Argentina, que en su momento había manifestado cierta distancia crítica con López Murphy cuando éste tuvo su fugaz paso por Economía (eran tiempos en que la UIA alentaba la incorporación de Cavallo al gobierno, al que veían más «pro activo»), y ahora manifiesta que lo considera el mejor candidato. Esto indica que la burguesía sigue unificada detrás de un «modelo» que, si bien ya no gira en torno a la Convertibilidad, mantiene las características esenciales que se impusieron en los noventa (libertad de mercados, flexibilización laboral, no hay vuelta atrás en las privatizaciones, restricción presupuestaria). Más aún, existe una especie de programa general que las fracciones del capital exigen del próximo gobierno. Entre sus puntos destacados figuran que se dé un corte definitivo a lo amparos y se den por perdidos buena parte de los ahorros que quedaron atrapados en el sistema bancario; que se avance en una reforma del Estado (que implicaría el despido de miles de trabajadores y la imple­mentación más a fondo de criterios de rentabilidad empresaria entre los que queden); que desaparezca todo tipo concesión a la burocracia sindical o a los sindicatos (por ejemplo, la propuesta de un impuesto al sistema bancario del 2% para financiar la Obra Social Bancaria ha provocado airadas protestas de los bancos); que se reinicien las negociaciones con los acreedores internacionales lo antes posible; que se reforme de manera profunda el sistema Judicial, y se achiquen buena parte de los gastos políticos. Todas exigencias coincidentes con las del FMI y las grandes potencias con intereses en Argentina.

 

Crisis política

 

Sin embargo la burguesía encuentra que las herramientas políticas para llevar adelante este programa se han debilitado al extremo, como producto de la crisis y del descontento masivo de la población. López Murphy no superaría el techo histórico que tradicionalmente tuvo la derecha en Argentina (entre el 10 y 12 por ciento de los votos). El segundo mejor candidato para la burguesía, Reuteman, ya ha dicho de todas las formas posibles que no va a presentarse. Los partidos de la burguesía más grandes están en una situación grave. El Frepaso ha desaparecido y sus restos buscan dónde guarecerse. La UCR está a las puertas de un derrumbe electoral tan profundo como inevitable. El Partido Justi­cialista no logra resolver su crisis; dos candidatos amenazan con ir por fuera de la estructura, mientras que el menemismo y el duhaldismo negocian al mejor estilo de las mafias cómo se acomodan el poder. De la Sota, el candidato oficial, no tiene manera de remontar en las encuestas. En general, la disciplina de los partidos burgueses se hizo añicos, y en estos momentos no hay ningún sistema estable sobre el cual la burguesía pueda negociar una segunda mejor opción (descartada la posibilidad que gane López Murphy) con un candidato con posibilidades y arrastre entre la población.

     Para resaltar la diferencia con lo que ha sucedido en los últimos años, recordemos que frente al desgaste de Alfonsín la clase dominante argentina tuvo la alternativa del menemismo, que arrastró electoralmente el descontento por la crisis de 1989, y fue capaz de disciplinar un inmenso aparato político (miles de punteros, cientos de cuadros medios en el Estado, gobernaciones e intendencias) a una alianza con el «establishment», personificado en la UCD. En base a lo cual se impusieron las medidas que dieron curso a los años dorados de acumulación y superex­plotación de los noventa. Al desgaste del menemismo le sucedió la Alianza, que canalizó las esperanzas de amplias franjas, y en principio se comprometió a continuar con lo esencial de las políticas de los noventa. En estos momentos nada de esto sucede. Al descrédito del actual gobierno le acompaña el descrédito de casi todo el resto de los candidatos. De un sistema bipartidista que garantizaba ciertas expectativas políticas, se ha pasado a una serie de liderazgos burgueses ultra débiles y por el momento muy atomizados. Hay ausencia de hegemonía a nivel no ya de las masas, sino al nivel mucho más primario de la adhesión más o menos activa de al menos algunos sectores de la población (por caso, la Alianza había concitado esperanzas en la clase media «progre y bienpen­sante»). Por eso sobrevuela la amenaza de una masiva abstención o voto bronca, que si bien en sí mismo no representará una alternativa (ni detendrá la orientación general de la política), generará problemas a la hora de avanzar en las medidas reclamadas. En este cuadro de debilidad, genera mucha desconfianza entre las filas del gran capital que el candidato mejor ubicado hasta ahora en las encuestas sea Rodríguez Saa, quien exhibe el antecedente de haber esbozado, durante su efímero paso por la Casa Rosada, una heterogénea alianza que abarcaba desde maoístas y sectores radicalizados de los derechos humanos, hasta la ultraderecha pero­nista, pasando por todo el arco nacionalista-sindicalista. Por ahora no se trata de una alternativa digerible para la alta burguesía nativa y para el imperialismo. Como tampoco lo es Carrió. Aunque llegado el caso, se intentará una combinación de negociación y presión, para orientar la política de un futuro gobierno en los sentidos de continuidad con lo que está reclamando el capital.

 

No hay giro a la izquierda

 

La crisis política e institucional, y de alternativas políticas burguesas, que se suma a la profunda desconfianza y repudio de amplios sectores de la población para con todo el arco político, es el elemento cierto y real que lleva a muchos compañeros de la izquierda a pensar que están dadas las condiciones para imponer un cambio profundo en la organización económico social de Argentina, en beneficio de la clase trabajadora y de los oprimidos.

     Sin embargo, apenas se examina la situación de conjunto, surge con claridad que en estos momentos no hay fuerza social alternativa capaz de irrumpir en este complejo panorama para dar a luz una nueva dirección al proceso. Así como en el plano de la lucha económica reivindicativa la clase obrera no ha logrado frenar el deterioro salarial y la imposición de la fle­xibilización laboral (incluso uno de los gremios que más resistencia había opuesto, el docente, tuvo que ceder posiciones en muchos lugares, como en Buenos Aires), en el plano político tampoco ha logrado articular no ya una respuesta de izquierda, sino ni siquiera mínimamente «progresista». En los sindicatos el dominio de la burocracia sindical no es cuestionado. Las Asambleas barriales nunca involucraron a la clase obrera como tal, ni a las amplias capas de la población oprimida (por eso era un disparate sostener, como hicieron muchos en enero o febrero, que las Asambleas estaban en condiciones de hacerse del poder). Los movimientos de desocupados, si bien importantes -han sido los que más activos se mantuvieron- agrupan sólo a una parte de los desocupados, que a su vez representan una fracción de la clase obrera. Por otra parte, su reivindicación fundamental es por el subsidio (nos referimos a la reivindicación de las bases) y no constituyen una alternativa de poder frente a la clase dominante (y nunca lo han pretendido de conjunto).

     En estas condiciones hay que decir que no advertimos giro a la izquierda de las masas trabajadoras o de los sectores oprimidos. Las escisiones «izquierdistas» de los partidos burgueses -los que pasaron al Polo Social desde el Frepaso, o al ARI desde la UCR y el Frepaso- quedaron bloqueadas en su crecimiento y están en franca decadencia (como sucede con el Polo Social), o se adaptan de manera creciente al discurso que busca el apoyo del electorado «serio y responsable» (caso del ARI que ha decidido acabar con todo coqueteo con los espacios de la izquierda). Es toda una definición que el modelo de economía que defienden «progres» como Carrió o la dirección del Partido Socialista sea nada menos que Chile. En lo que respecta a Zamora, su definición progra­mática es muy ambigua; incluso ha tenido cuidado de no identificarse excesivamente con la izquierda. Por otra parte su crecimiento en el plano del potencial electoral parece haber encontrado un cierto techo, a partir del cual estaría retrocediendo lentamente; en el plano de la orientación, ha entrado en un impasse a partir del fracaso de la campaña por el inmediato «que se vayan todos» (ver infra).

     Los partidos de izquierda trotskista y estalinista no han logrado superar sus radios más o menos tradicionales de audiencia y capacidad de movilización. Cuando han tenido la oportunidad de intervenir activamente en algunos movimientos sociales, como las Asambleas barriales y los desocupados, han contribuido más a su fraccionamiento y desmoralización, que a su fortalecimiento. Las divisiones en el movimiento de desocupados han venido aumentando, así como los reproches y críticas por los «manijazos»; todo lo cual no contribuye a una recomposición del espacio de la izquierda y mucho menos a presentar una alternativa con alguna perspectiva de reconquistar espacios (políticos o ideológicos) a la burguesía.

     Todo se conjuga entonces para que empiecen a manifestarse, en encuestas y diversas expresiones, síntomas que demuestran palmariamente que no estamos ante un giro hacia la izquierda de las masas. El 20 de diciembre, y la caída de De la Rúa no han dado como resultado, transcurridos casi once meses, un fortalecimiento de corrientes socialistas en la población trabajadora. En este sentido hay que subrayar que la consigna «que se vayan todos» demostró que no encerraba las potencialidades revolucionarias que muchas organizaciones (Partido Obrero, MST, etc.) le asignaron. Por un lado, porque fuerzas de la derecha también se presentan hoy como «renovadoras»; incluso gobernadores diversos piden una renovación total de cargos, conscientes de que esto no afectaría en lo más mínimo la estabilidad del régimen político. Pero por otro lado, y más importante, porque la mera negación no genera conciencia superadora. Se puede explicar,  entonces,  que la última campaña -lanzada por AyL, CTA y ARI- para efectivizar la consigna terminara en un fracaso en lo que respecta a la participación ciudadana. Quienes la convocaron pretendían generar un movimiento masivo en sindicatos, barrios, centros de estudio, asambleas barriales, pero apenas lograron movilizar al «activo» estable de la militancia de izquierda y de las Asambleas barriales.

     No es tampoco un dato menor que la burguesía haya podido acompañar el ataque en el plano económico y social a la clase trabajadora con una profundización de medidas represivas contra los activistas y militantes. Asesinatos (como los ocurridos en Puente Puey­rredón), secuestros (en Jujuy), intimidaciones al estilo de las mejores épocas de la Triple A (caso Car­lotto, amenazas y «apretadas» a estudiantes secundarios y piqueteros). Nada de esto recibió una respuesta masiva y contundente por parte de las fuerzas obreras y populares. Lo que prima es el temor -la desocupación hace estragos- y el desconcierto a nivel de las más amplias masas.

     Esto se combina con descomposición social profunda en algunos sectores (aumento del lumpen) y el paralelo crecimiento de iniciativas motorizadas por instituciones burguesas. Tales son la campaña por la recolección de firmas por la ley contra el hambre, que ha movilizado mucha gente. O el desarrollo de granjas comunitarias, manejadas por la Iglesia e instituciones oficiales, como el INTA, que en estos momentos están dando comida a casi tres millones de personas.

     Por último, es necesario ubicar dentro de este panorama, y en su justa medida, el crecimiento de las cooperativas obreras que han puesto en funcionamiento empresas en crisis. Algunos compañeros pretenden que estas experiencias «demuestran» que la situación es revolucionaria; «son experiencias de doble poder», afirman.

     Este análisis es equivocado. Un doble poder es aquel que se levanta frente al poder de la burguesía, y es capaz de disputarle espacios de manera directa, en los lugares de producción y distribución. Para lo cual necesita organización y lo que se dice propiamente «poder» (que en última instancia es militar; nunca existió «doble poder» con las masas desarmadas). Las cooperativas obreras están muy lejos de esto. Por el contrario, se incorporan al cuadro de acciones de sobrevivencia frente al hambre y el derrumbe social, que adquiere múltiples y variadas formas. Son reacciones elementales -y necesarias- para alimentarse, que se están llevando a cabo con la anuencia incluso de las instituciones del Estado burgués, y el aplauso de los medios (¿dónde se ha visto un poder «dual» del proletariado que sea aplaudido por el diario La Nación?). Esto no niega, por supuesto, que a los fines de la lucha ideológica los socialistas podamos presentar las cooperativas obreras como ejemplos del poder que encierran las fuerzas del trabajo si se liberan de las ataduras del capital. Pero sostener que trabajadores auto explotándose (no hay otra posibilidad en tanto estemos sometidos a las leyes del capital y del mercado), en medio de un mar de hambrientos y desocupados, para mantener viva una fuente de trabajo, son la vanguardia revolucionaria del doble poder, es sencillamente un desatino mayúsculo.

     En definitiva, por ahora el vector de resolución de la crisis no está apuntando a la esperada (y anunciada como inevitable por muchos grupos de la izquierda) radicalización de las masas hacia la izquierda. Tampoco estamos ante un ascenso de las luchas económicas y reivindi­cativas de los explotados. Es en este cuadro en el que debemos insertar la acción política, definir la táctica.   

 

Orientación política

 

La caracterización de la mayoría de las organizaciones de izquierda -situación  «revolucionaria»- las llevó a plantearse como objetivo transformar las Asambleas barria­les en soviets (soñaban con un Congreso Nacional de Asambleas que definiría un programa de gobierno y un plan de acción hacia la nueva insurrección); y luego, como tarea inmediata, a organizar un nuevo levantamiento general para efectivizar el «que se vayan todos», incluido Duhalde.

     Si volvemos a discutir esta cuestión es porque este análisis y esta línea de acción impregnaron, en diferentes grados y formas, no sólo a la militancia partidaria, sino a la más amplia vanguardia que participó en las movili­zaciones.

     Pero esta línea estaba condenada al fracaso porque hacía abstracción de la situación real por la que atravesaba y atraviesa la clase obrera y los más amplias capas de oprimidos. Se «olvidaron» del detalle que la clase obrera como clase ni siquiera participó en la caída de De la Rúa. Que está en retroceso, carente de líderes alternativos no sólo políticos, sino también sindicales. Que en las bases hay confusión y temor a la desocupación. Y que para colmo, no existe ninguna alternativa de izquierda que las masas trabajadoras vean como míni­mamente viable. Con esto se explica el fracaso de la última campaña por «que se vayan todos»; el debilitamiento a que llevó la política enloquecida de «aparatear» las Asambleas barriales con discursos revolucionarios -que la mayoría de los vecinos escuchaban, en el mejor de los casos, con infinita paciencia- y el fraccionamiento y creciente distanciamiento que se produjo en el seno del movimiento piquetero entre dirigentes y sus bases (cuestión que es tratada aparte en este número de Debate Marxista).

     Como suele suceder, los errores de análisis se traducen en desorientación táctica. Cada vez queda más claro que lo que se necesita es una política cuidadosa, apropiada para el retroceso, que haga hincapié en dos cuestiones: por un lado, la unidad en el plano reivin­dicativo, en torno a programas mínimos, que agrupen a las bases. El traslado de las divisiones partidarias a este plano de la lucha es sencillamente criminal. Hay que privilegiar todo lo que sea táctica de frente único para resistir en lo posible, para pelear por cuestiones elementales, para tratar de recomponer las fuerzas obreras frente a la ofensiva que se está sufriendo. Debates como los que hoy atraviesan a CTA, al que se hace referencia en otro artículo, son esenciales.

     En segundo lugar, es necesario trabajar en el plano ideológico político, por lo menos a dos niveles: a nivel de la vanguardia, en donde ya es imprescindible abrir un debate sobre la caracterización de la etapa, y las consecuencias políticas que se desprenden. Y a nivel de las más amplias masas, que en los próximos meses van a participar en las elecciones.

     El debate en la vanguardia es vital porque se ha introducido una inaudita confusión; muchos compañeros están actuando como si estuviéramos en una situación revolucionaria, incluso desde el punto de vista de la proyección de enfrentamientos con las fuerzas de la represión, con un gran costo político (que lleva a un mayor divorcio con las bases). A nivel de las más amplias masas, es necesario partir de lo que siente el trabajador común, que no está pensando en insurrecciones ni en tomas del poder, sino en cómo sobrevive, en cómo conserva el trabajo, y no tiene alternativas ante el dominio de los burócratas de su sindicato, o no ve otra posibilidad que votar por un Rodríguez  Saa. Hay que tomarse en serio encuestas que nos están diciendo que en inmensos barrios del Gran Buenos Aires, donde viven y sufren millones de oprimidos y explotados, figuras siniestras como la de Rico están creciendo en consideración. Con todo lo que tengan de distorsiones, no son datos menores. Reflejan fenómenos reales.

     Por supuesto, comprendemos que para muchos compañeros de la izquierda, y en especial para muchos dirigentes, es difícil virar en 180 grados y reconocer que se han equivocado. Entendemos que para muchos están en juego no sólo prestigios personales (más de un intelectual de izquierda sufre con esta cuestión), sino también la manera en que pueden «reacomodarse» ante sus bases. Se comprende también que para muchos es doloroso tener que reconocer que una vez más se han equivocado (¿cuántas veces y en cuántos lugares del mundo anunciaron «revoluciones» inminentes y «giros a la izquierda»?), y que ya es hora de volver a analizar las premisas mismas del análisis. Pero es necesario emprender esta revisión, porque hoy la política de miles de activistas que de alguna manera siguen las orientaciones de las organizaciones está literalmente «en el aire». Esto es, gira en el vacío. Apuestan a la insurrección cuando las masas van para otro lado. Hablan de «poder dual» y cosas por el estilo, sin que haya elemento objetivo alguno que lo pueda efectivizar.

     En síntesis, en período de retroceso está planteada la unidad en la resistencia, por programas elementales. Participar en la lucha política en el terreno que nos la plantea el enemigo -si estamos en retroceso no elegimos el espacio de la pelea- y acentuar todo lo que sea clarificación ideológica.  Son las tareas ineludibles del momento.

Osvaldo Garmendia



[1] Según la información proporcionada por el Ministerio de Economía al 30 de junio de 2002, la deuda pública total es de 114.600 millones de dólares (debe tenerse en cuenta que 25.000 millones fueron pesificados; corresponden a AFJP, compañías de seguros, que están reclamando para que se vuelva a dolarizar esta deuda). Pero además el gobierno asumió deudas provinciales; a lo que debe añadirse el bono compensación entregado a los bancos por la pesificación asimétrica. En total esto llevaría la deuda a unos 140.000 millones de dólares. Con una tasa anual de interés muy baja, del 3% (que nadie tampoco garantiza que sea aceptada por los acreedores), el monto total de intereses sobre el stock de deuda implicaría una transferencia anual de 4.200 millones de dólares por muchos años. Esto representa actualmente un 4% del PBI. En la mejor de las hipótesis, con un aumento moderado del crecimiento, y refinanciando parte de los pagos, las transferencias reales de todas maneras superarían largamente el 2% del PBI.