UN DEBATE SOBRE LAS PROPUESTAS DE AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD

 

En los últimos meses posiblemente el fenómeno más notable que ha ocurrido en lo que, en un sentido amplio, podríamos llamar el movimiento de la izquierda, ha sido el crecimiento de Autodeterminación y Libertad (en adelante AyL), agrupado alrededor de Luis Zamora. Existen dos planos que habría que distinguir en este proceso. Por un lado, la adhesión electoral de sectores relativamente amplios de la ciudadanía, que han encontrado en el AyL, y más precisamente en la figura de Luis Zamora una expresión de su repudio a los políticos del sistema, y también del reclamo de una política en defensa de lo nacional y del rol del Estado capitalista en la economía y en la sociedad. En especial, el discurso de Zamora en la Asamblea Legislativa del 1° de enero de 2002, impactó fuertemente porque expresó de forma contundente este sentimiento. Por otro, en las ciudades más importantes del país se están nucleando decenas y decenas de militantes, muchos de ellos que habían dejado las organizaciones de izquierda tradicionales, cansados de sus estructuras burocráticas y/o desmoralizados por la crisis que éstas atravesaron desde fines de los años ochenta (caída de la URSS, ruptura y fraccionamientos sin fin, pérdida de militancia, etc.).

Precisamente muchos compañeros, que se habían refugiado en estos últimos años en las actividades sindicales, reivindicativas barriales o estudiantiles, y que han participado en las Asambleas Barriales y otras instancias, están respondiendo al llamado de AyL. Incluso algunas organizaciones de la izquierda están pidiendo a Zamora que convoque a la formación de un partido único, mientras que otras le reclaman la formación de un Frente de Izquierda. A esto Zamora ha respondido que no es partidario de un Frente, y en cuanto a lo primero, sostiene que primero las organizaciones de izquierda deberían disolverse, para pensar en la unificación.

Está abierto entonces el debate acerca de qué posición tomar. Concretamente, muchos compañeros nos han planteado que es necesario participar en este proceso. Es claro que existe un fuerte sentimiento de unidad, de superar las diferencias, de poner el hombro en la construcción de una alternativa que abra nuevas perspectivas.

Respetando este sano impulso de tantos compañeros, es sin embargo necesario abrir un diálogo sobre los puntos vitales que hacen al discurso político, a la orientación fundamental y a las formas organizativas necesarias para enfrentar la difícil coyuntura política. Es con este fin que desde nuestra pequeña organización, Liga Comunista, deseamos plantear algunos puntos que consideramos fundamentales, con respecto a los planteos que dieron razón de ser a AyL.

 

 

Las soluciones a la crisis y la cuestión del poder

 

Uno de los puntos que AyL sostiene con más fuerza refiere a las medidas económicas para salir de la crisis actual. Esta posición, que se ha manifestado tanto en el discurso de Zamora del 1° de enero ante la Asamblea Legislativa como en otras apariciones en los medios, se basa principalmente en la necesidad de dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI; nacionalizar los bancos y el comercio exterior y ponerlos bajo control de los empleados bancarios y de los usuario, impedir que fuguen los capitales y realizar un plan de obras públicas inmediato para lograr la reactivación económica. En general, y seguramente salvo algunas diferencias, esta posición es la que comparten la mayor parte de los grupos y partidos de la izquierda. Sin ir más lejos, el programa de Economistas de Izquierda, que también es tomado como un referente por Zamora, se orienta en la misma dirección, agregando la exigencia de renacionalización de las empresas privatizadas y la estatización de los grandes grupos económicos.

Es indudable que muchas de estas medidas - junto a otras - deberían ser parte de cualquier programa de salida a la crisis, pero cuando pensamos en cómo llevarlas adelante nos encontramos con una serie de interrogantes que es necesario responder: ¿qué poder político sería capaz de llevar adelante estas medidas? ¿qué tipo de Estado implicaría? ¿cómo se contrarrestaría la presión objetiva de los capitales en contra de esas medidas?

Para que se comprenda nuestro planteo, tratemos de analizarlo en  concreto. Supongamos que accede al gobierno gente dispuesta a aplicar este programa, se nacionalizan los bancos y el comercio exterior, y las empresas privatizadas. Es indudable que estas medidas provocarán la desconfianza de los propietarios del capital. No sólo de los grandes capitalistas, sino también de decenas y decenas de propietarios "medios"; por ejemplo, de los que tienen "debajo del colchón" hoy unos 20.000 millones de dólares en ahorros, como rentistas, funcionarios retirados, pequeños especuladores, etc., todos ellos temerosos de las medidas  del nuevo gobierno. Por ejemplo, es natural que desconfíen de bancos controlados por los trabajadores, y que entonces intensifiquen la evasión y la salida del sistema financiero. Es casi inevitable también que se profundice entonces la fuga de capitales, la huelga de inversiones. En estas condiciones, sin crédito, las empresas capitalistas, sean pequeñas, medianas o grandes, no podrán funcionar. Los empresarios no reinvertirán; muchos buscarán los medios de evadir los controles del comercio exterior, y sacar sus capitales afuera. Este escenario no es "ciencia-ficción", sino lo que nos indica la experiencia histórica como lo más probable: es lo que hicieron miles de propietarios grandes, medianos y hasta pequeños en Chile, cuando estuvo el gobierno de Allende, o en Nicaragua, cuando subieron los sandinistas. Por ejemplo, en este último caso hubo fugas masivas de dinero del país, contrabando de cosechas, reducción de las áreas sembradas, especulación y usura generalizada de los poseedores de dinero, desabastecimiento de insumos esenciales y mercado negro.

En vista de esto, el gran tema -que se planteó en Chile, en Nicaragua y en todos los lugares en que se quisieron emprender medidas como las que estamos discutiendo- es quién tiene el poder para avanzar sobre la propiedad privada, a fin de reorientar la riqueza que los trabajadores generan en la producción hacia la reinversión y la satisfacción de las necesidades populares. 

El problema es, entonces, qué poder  es necesario para transformar la sociedad y quién detenta ese poder. En otras palabras, qué poder es necesario para imponer un determinado programa en función de los intereses de quiénes.  Como se puede observar, esto remite a la cuestión de qué clase o clases  existen en la realidad, cuáles ejercen el poder utilizando el aparato del Estado para defender sus intereses y cuáles se le oponen. En última instancia, qué clase tiene el poder efectivo para controlar las palancas de la inversión y la producción.

¿Cuál es la posición de AyL ante esta cuestión?

En su discurso del 1° de enero Zamora planteó que era necesario "cambiar el régimen político". En función de esto, hizo varias propuestas: recortar los mandatos, imponer un período de no re-elegibilidad para que los políticos vayan a trabajar, que sea la población la que haga la política y que los funcionarios gestionen, y que los mandatos sean revocables.

Sin duda, todas estas medidas apuntan a hacer más democrático el régimen político actual, pero correríamos el peligro de engañarnos a nosotros mismos si pensáramos que cambian su carácter de clase.

En caso de que las medidas puedan llegar a hacerse efectivas, los políticos podrían ir a trabajar, podrían existir formas de "mandatos" revocables, etc., pero es importante que seamos conscientes de que esto no modificará en lo esencial ni los intereses de clase que estos políticos representan ni su poder para imponer estos intereses.

Es necesario definir entonces de qué intereses estamos hablando, qué intereses apuntamos a defender con toda esta serie de medidas democráticas. Cuando se dice que "la población debe hacer política" se cae en una abstracción, porque "la población" en general está compuesta de clases sociales contrapuestas, y por ende, por intereses contrapuestos. Así, habrá sectores que defenderán a muerte el principio "sacrosanto" de la propiedad privada, y "mandatarán" a los funcionarios en este sentido; Nito Artaza, para poner un caso de actualidad, es un exponente de lo que decimos. Incluso, si la clase obrera no tiene su propia alternativa forjada y clara, serán sectores de la pequeña burguesía "bien pensante" y "educada" la que tendrá la voz cantante e impondrá "límites a los excesos".

No es menor entones el problema de qué política hace la población, es decir, en función de qué intereses de clase. Los cambios en el régimen político por sí mismos no pueden dar respuesta a este problema, se quedarán sólo en la superficie del problema de cómo enfrentar el sabotaje y la huelga de capitales. Para esto, es necesario ir más a fondo en nuestra política, apuntar al carácter de clase del régimen político.

A partir de los sucesos de diciembre pasado, AyL ha intentando dar respuesta a estos problemas. Primero, argumentando que, de alguna manera, el pueblo había recuperado el poder ("pensamos que lo más importante es que la población conserve el poder que ha recuperado" fueron las palabras de Zamora en su discurso del 1° de enero en la Asamblea Legislativa). Y luego, a partir de la aparición de las Asambleas Populares, planteando que fueran los representantes de estas asambleas quienes tomaran el gobierno en sus manos.

Sin embargo, después del 1° de enero, las estructuras esenciales del Estado - policía, ejército, Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, cuerpos administrativos, etc.- seguían siendo tan burguesas como lo habían sido en el pasado y como lo son ahora. Por otra parte, el poder económico siguió y sigue estando en manos de los capitales, que son los que tienen la facultad - decisiva en una sociedad en que la mayoría de la población está desprovista de cualquier medio para producir - de dar o no trabajo. Si en la misma Asamblea Legislativa se elegía a un gobierno que seguiría siendo un defensor de los poderes establecidos "de toda la vida", ¿qué poder había recuperado "la población" el 1° de enero?

Aunque la posterior aparición de las asambleas barriales significó en algunos casos un avance en la organización de determinadas reivindicaciones populares elementales, no implicó un cambio con respecto al problema que estamos analizando. Las asambleas barriales no recuperaron el poder. Dejando por ahora de lado la cuestión de qué grado real de inserción y representatividad tienen hoy y qué tipo de programa defienden las Asambleas, y suponiendo que las asambleas se propusieran como objetivo formar organismos de gobierno ¿cómo harían los representantes de las asambleas para efectivizar las medidas que decidieran? ¿qué poder real tendrían estos representantes? El problema del poder sigue pendiente de respuesta.

Tampoco la consigna de "que se vayan todos" o el pedido de una Asamblea Constituyente, de las cuales Zamora ha sido vocero, logran dar solución a este problema.

Supongamos que estas consignas se logran, renuncian todos los políticos, y se convoca una Asamblea Constituyente. ¿Qué cambiaría en esencia? Las elecciones podrían permitir un cierto cambio de "figuras", pero... ¿cambiarían por eso los programas, las estrategias políticas, los intereses de clase representados por los "renovadores"? En tanto la inmensa masa de la población siga confiando en que, de alguna manera, la crisis, la desocupación y el hambre se arreglan con políticos "limpios" (y alguna inclinación por lo nacional), no hay ninguna razón para pensar que así sucedería. Que en lugar de Alfonsín o Eduardo Menem en el Senado se sienten Nito Artaza o Tinelli, no modificará las cosas en sus raíces.

Peor todavía para el pueblo, porque la reivindicación de "que se vayan todos" y de la Asamblea Constituyente comienza a ser capitalizada en estos momentos por la burguesía "progresista" -Carrió, Kirtchner, Ibarra- para montar un embrión de frente burgués de recambio, medianamente legitimado a los ojos de la población.

El problema sigue consistiendo, finalmente, en qué política se pretende llevar adelante cuando "se vayan todos", qué intereses de clase representará esa política y con qué poder se podrá hacer efectiva.

Y, aún cuando no esté entre los objetivos conscientes de la población el querer cambiar el carácter de clase del actual régimen, es innegable que para poder llevar adelante el programa propuesto por AyL, cualquier movimiento tendrá que enfrentarse en un momento u otro con dicho carácter de clase.

En síntesis, la cuestión del poder es la "clave de bóveda" de cualquier programa de cambio profundo a favor de los explotados. De ahí, la necesidad de encarar la discusión de esta cuestión a fondo.

 

 

Una caracterización de la situación y las tareas

 

Prácticamente toda la izquierda ha caracterizado que, de una manera u otra, en diciembre pasado se abrió un proceso "revolucionario". Con esta base se planteó como tarea inmediata transformar a las Asambleas Barriales en "órganos de poder obrero-popular" (soviets, para los "entendidos"), que deberían capitalizar el próximo "Argentinazo" contra Duhalde. AyL compartió en parte la caracterización de “apertura de un proceso revolucionario”.

Efectivamente, como señalamos más arriba, caracterizó que el pueblo había "ganado el poder en las calles". Pero entonces era urgente encontrar  los organismos para no perder ese poder, para llenar "el vacío" que se había generado en las "altas esferas". Dada la “situación revolucionaria” debían existir los “soviets” y a falta de ellos buenas eran las Asambleas. Por eso, Zamora planteó con insistencia que la alternativa inmediata de gobierno en Argentina eran las Asambleas, que debían elegir representantes, votar un programa y hacerse cargo de la conducción del país.

El problema fue que toda esta estrategia quedó girando "en el aire", ya que no se comparecía con la situación política real, con el retroceso de las fuerzas de la clase obrera y de los sectores populares frente a la terrible ofensiva del capital y del Estado.

En primer lugar, porque se sobrestimó el papel que jugaron las asambleas y la fuerza y las potencialidades que objetivamente tenían. A pesar de su rápida proliferación inicial, no debemos perder de vista que en la inmensa mayoría de los grandes barrios obreros de las principales ciudades del país no lograron instalarse. En el Gran Buenos Aires, en el conurbano de Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, donde el fenómeno de las asambleas fue más extendido, lograron agrupar a algunas decenas de vecinos y activistas. En la Ciudad de Buenos Aires donde alcanzaron mayor fuerza, aún en los momentos en que se produjo un pico de participación, no pudieron lograr constituirse en una representación mayoritaria de la población. Hoy han quedado mucho más reducidas en fuerza.

Esto no pretende negar el rol que han cumplido las asambleas en la organización de un conjunto importante de reivindicaciones populares. Pero sí, situar objetivamente su fuerza. A pesar de que las asambleas lograron canalizar la resistencia contra varias de las medidas del gobierno peronista, no lograron evitar la enorme ofensiva que el capital y el Estado profundizaron desde fines del año pasado. Obviamente, no por un problema ni de voluntad ni de compromiso, sino por las condiciones impuestas por la relación de fuerzas objetiva. Cualquier activista de una asamblea barrial conoce las enormes dificultades que implica organizar cualquier medida de resistencia en estos momentos en que la desocupación y la miseria han crecido en forma tan aguda. Cuando las condiciones son tan difíciles y las fuerzas son tan débiles incluso para poder resistir ¿con qué sustento real es posible plantear - como tarea más o menos inmediata - que las asambleas deban tomar el gobierno en sus manos?

Además del problema de la cuestión de la fuerza, para lograr este objetivo era necesario un programa político homogéneo. Aquí se presenta el segundo problema, porque las Asambleas estuvieron - y las que aún permanecen están - compuestas por una masa políticamente heterogénea. Al margen de algunas definiciones generales, las asambleas nunca acordaron un programa más o menos acabado para dar salida a la crisis económica ni una propuesta acabada y alternativa de régimen político ni mucho menos se acercaron a un proyecto de régimen alternativo que cuestionara el poder establecido. Tampoco se habían impuesto conscientemente este objetivo, más allá de las ilusiones de la mayoría de las organizaciones de izquierda que participaron en ellas.

Su única reivindicación homogénea y general fue el "que se vayan todos". Esta consigna expresaba la unidad en el repudio, la disconformidad y el agotamiento ante la profundización de la opresión. En este sentido, se trataba de una unidad por la negativa. Todos acordaban en aquello que ya no soportaban, pero esto no significaba que hubiera un acuerdo en torno a lo que sí se pretendía. Por eso, la dificultad en la elaboración de un programa por la positiva. Apenas se quería traspasar el punto de "que se vayan todos", comenzaban los problemas, incluso en el momento de mayor entusiasmo. Y aún cuando había bastante coincidencia en las reivindicaciones elementales e inmediatas que levantaban las distintas asambleas, tampoco se llegó a elaborar un programa conjunto de reivindicaciones mínimas. Es verdad que al interior de varias asambleas se comenzaron a dar ciertas discusiones políticas. Pero este debate sigue siendo aún hoy muy incipiente como para pretender hacerlo pasar por un proyecto político, abarcativo y general con el cual un eventual gobierno conformado por representantes de las asambleas pudiera gobernar.

Por esta razón entendemos que la "alternativa inmediata de gobierno" no tenía ni tiene sustento en el desarrollo organizativo ni político de las Asambleas. Por el contrario, el hecho de que las asambleas que hoy subsisten sean las que han profundizado en las actividades ligadas a la reivindicaciones más inmediatas (como por ej., organizando huertas, merenderos u otras formas de cooperativas barriales), confirma de alguna manera nuestro diagnóstico inicial sobre la necesidad de consolidar a las asambleas barriales, no como "organismos de contrapoder", sino - más modestamente - como organizaciones de resistencia popular contra la ofensiva capitalista.

 

Sobre la organización y la necesidad de superar las prácticas burocráticas

 

AyL coincide en términos generales con la mayor parte de la izquierda tanto en la caracterización de la situación actual como en el programa político que propone. Sin embargo, también plantea una importante diferencia en torno al problema de la organización. Zamora y muchos militantes de AyL que provienen de distintos partidos de izquierda han sufrido en carne propia y bajo diversas formas las prácticas burocráticas que predominan en la mayoría de los partidos tradicionales de izquierda. Por eso, hoy hacen grandes esfuerzos por diferenciarse de las organizaciones burocráticas. Como militantes que también venimos luchando desde hace años contra estas prácticas, no podemos menos que alegrarnos de compartir este propósito. Por eso, creemos que es importante comenzar un debate sobre las formas posibles con las cuales acabar con el burocratismo.  

Zamora pone como condición para cualquier agrupamiento de la izquierda la disolución de las organizaciones existentes. Esto significa que cada militante debería participar a título individual, sin integrar marcos organizativos de ninguna especie. Dado que AyL no es un frente nos parece que esta es una posición coherente. Pero, nos preocupa que esto derive en que no se permita que los compañeros que comparten posiciones similares se agrupen como tendencias al interior de AyL con el fin de impulsar posiciones que, honestamente, suponen correctas aunque diferentes de las de la mayoría.

Este punto nos parece importante, porque varios compañeros que participan de la Liga Comunista también provienen de experiencias anteriores frustradas debido a las prácticas burocráticas. El fruto del balance de nuestros compañeros es que el burocratismo tenía su basamento central en la capacidad de las direcciones para ahogar toda oposición impidiendo, en los hechos, el agrupamiento organizado de las minorías. Aunque se pregonaba la democracia, se impedía la formación de tendencias opositoras permanentes. Como las minorías opositoras no se podían agrupar ni hacer oir su voz de manera organizada en forma permanente, las críticas tenían que hacerse en forma individual y, en los hechos, la pretendida democracia no existía.

El remedio a esta situación no pasaba por la organización de asambleas. Porque las asambleas por sí mismas no hubieran asegurado que las eventuales oposiciones hubieran podido llegar a ellas con un trabajo político previo organizado y evitar que, finalmente, se terminara imponiendo la voz de los que tenían amplio acceso a los medios de prensa, ya fueran públicos o de la propia organización.

Esto es lo que nos lleva a dudar de que el remedio contra el burocratismo consista en el horizontalismo. Aunque la organización sea horizontal, si los críticos están condenados a moverse como átomos dentro de ella, la voz que prevalecerá será la de los "representantes públicos" de la organización y de su círculo más íntimo, es decir, aquellos que tienen acceso a los medios de difusión.

En toda organización existen distintos grados de compromiso y de participación tanto debido a razones objetivas como subjetivas. En parte, es debido a estas diferencias que en toda organización aparecen dirigentes o referentes. Y así como estas diferencias no desaparecen porque la organización se autodenomine horizontal, tampoco los dirigentes ni los referentes desaparecen porque no se asuman como tales. El riesgo de caer en el burocratismo sigue persistiendo en tanto que quienes dirigen de hecho, bajo el argumento de que no son ni representantes ni representados, disponen de los medios para manejar de forma discrecional la orientación política y práctica de la organización. 

Por el contrario, entendemos que en realidad un punto central que permita asegurar el funcionamiento democrático de la organización - y que de hecho es el que no se prioriza en la mayoría de las organizaciones de izquierda actualmente existentes - es aquel que se relaciona con todo lo que permita a las minorías organizarse y expresarse tanto al interior de la organización como públicamente. 

 

 

La necesidad de discutir a fondo las estrategias de la izquierda

 

Como decíamos al comienzo, una de las características más importantes de AyL es el hecho de que reúne a una gran parte de militantes provenientes de distintas organizaciones de izquierda que, desmoralizados por la crisis de la izquierda o cansados del burocratismo, sienten la necesidad de rediscutir las estrategias que la izquierda ha llevado adelante tradicionalmente en la Argentina.

Los compañeros que militamos en la LC no podemos dejar de sentir cierta simpatía ante esto, ya que nos agrupamos a partir de inquietudes similares. Sin embargo, hemos avanzado por un camino distinto para intentar dar respuesta a estas inquietudes. De ahí, la necesidad del debate.

Algunos de los puntos básicos en torno a los cuales la LC ha intentado avanzar en esta cuestión son los que expusimos a lo largo de este documento, los cuales podemos sintetizar en lo siguiente:

a)      la centralidad del problema del poder y su carácter de clase. La izquierda tradicional, tanto la trotskista como la estalinista, no han dado una respuesta satisfactoria a este problema. Oscilan entre llamar a llevar adelante consignas transicionales aun cuando no exista una fuerza capaz de efectivizarlas o dejar indefinido el carácter de clase del poder que se propone como alternativa,

b)      la caracterización de la etapa actual de la lucha de clases como resultado de una derrota profunda de los trabajadores y el pueblo. La mayor parte de las organizaciones de la izquierda tradicional caracterizan la etapa actual como pre o directamente revolucionaria, y deducen de este análisis, una estrategia ofensiva y de avance. De esta caracterización se desprende en general una visión exitista y una orientación enfebrecida y ultimatista. Por el contrario, desde la LC entendemos la necesidad de que el movimiento popular se dé una política defensiva y de repliegue para resistir lo mejor posible, como condición indispensable para superar la actual etapa de retroceso,

c)      la necesidad de comenzar a discutir a fondo la construcción de una  alternativa política.  La mayor parte de la izquierda insiste en salidas políticas que no cuestionan el régimen actual, aún a pesar de que caracterizan la situación como revolucionaria. Así, se insiste en llamar a una Asamblea Constituyente o se le hace seguidismo a la idea de "que se vayan todos", que finalmente son capitalizados por la burguesía,

d)      el derecho a la expresión de las minorías como forma de garantizar la democracia organizativa y prevenir el burocratismo. En la mayor parte de las organizaciones de izquierda este derecho brilla por su ausencia. Y en cambio, se hace de las posiciones monolíticas una virtud y se ve a las disidencias como un vicio a combatir.

Como decíamos, a pesar de que AyL parte de inquietudes similares a las que intentamos dar respuesta, vemos que no logra dar una solución diferente a las que tradicionalmente ha dado la izquierda a estos problemas. Desde la LC entendemos que para superar los errores cometidos por la izquierda es necesario criticar a fondo la raíz teórico-política de estas concepciones. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir, aunque bajo una forma nueva, los mismos errores que pretendemos superar. Apostamos a que el debate de estos puntos aporten a esta crítica profunda que nos permita avanzar hacia una estrategia superadora.

 

Liga Comunista

Agosto 2002